La investigación, dirigida por la fiscalía de Milán, revela un sistema de contratos ficticios y “empresas pantalla” con varios niveles, diseñado para ocultar la verdadera naturaleza de las relaciones laborales y evadir impuestos y contribuciones a la seguridad social. Se trata de una causa en desarrollo, y el alcance de las sospechas podría ampliarse a otras entidades vinculadas con la red de subcontratistas.
Más de 43 millones de euros incautados por la Hacienda italiana
Los agentes de la Guardia di Finanza de Milán, por orden de la fiscalía local, llevaron a cabo esta semana el embargo urgente de los activos de Rhenus Logistics S.p.A., por un valor total superior a los 43 millones de euros. La empresa, con sede en Milán, opera activamente en el sector del transporte y la logística y forma parte del grupo alemán Rhenus.
Facturas falsas y subcontratación laboral ilegal
Según las conclusiones de los investigadores, Rhenus habría utilizado facturas por servicios inexistentes, supuestamente derivados de contratos de subcontratación, cuyo verdadero propósito era el arrendamiento ilegal de mano de obra. De acuerdo con la fiscalía italiana, se trata de “una violación sistemática de la normativa mediante la creación de relaciones contractuales aparentes, que en realidad constituían una forma pura de cesión ilegal de trabajadores”.
El modelo operativo consistía en enmascarar las relaciones laborales: los empleados eran contratados formalmente por empresas externas (las llamadas “empresas filtro”), que a su vez recurrían a cooperativas que funcionaban como “empresas fantasma”. Estas últimas habrían evitado sistemáticamente el pago del IVA y de las contribuciones a la seguridad social y sanitaria entre 2019 y 2024.
IKEA no está siendo investigada
En la documentación de la investigación aparecen dos empresas del grupo IKEA –Ikea Italia Retail e Ikea Italia Distribution– como clientes clave de Rhenus durante el periodo analizado. No obstante, los investigadores subrayan que IKEA no está sujeta a ninguna acusación ni procedimiento judicial.
Otro gigante bajo la lupa de la fiscalía
Este no es el primer golpe contundente de la fiscalía italiana contra grandes firmas logísticas globales. Cabe recordar que en julio de 2024, la Guardia di Finanza confiscó hasta 83,9 millones de euros a la filial de GXO en Lodi. La empresa habría utilizado contratos basura y facturas falsas para reducir los costes laborales y evitar el pago de impuestos y cotizaciones sociales.
El fiscal Paolo Storari, el mismo que lidera el caso de Rhenus, confirmó que en el transcurso de la investigación se detectó la emisión de facturas falsas por un valor total de 382,6 millones de euros.
¿Culpa de la legislación?
Los políticos del opositor Partido Democrático han reaccionado al caso. Maria Cecilia Guerra y Arturo Scotto criticaron la normativa vigente, que –según ellos– permite encubrir la intermediación laboral ilegal bajo la apariencia de subcontratación. Señalan que el artículo 29, apartado 1, del Decreto Legislativo 276/2003 legaliza, en la práctica, la explotación laboral en el sector logístico.
Ambos anunciaron su intención de reactivar las iniciativas parlamentarias para endurecer la legislación y establecer una distinción clara entre actividad empresarial e intermediación laboral.
