El Consejo de Ministros aprobó el 29 de septiembre un nuevo real decreto-ley para prolongar y adaptar las medidas de apoyo adoptadas en respuesta a la crisis energética vinculada al conflicto en Oriente Medio. El paquete da continuidad a parte de las medidas que expiraban el 30 de septiembre e introduce un mecanismo para modificar las rebajas fiscales en función de la evolución de los precios.
Sin embargo, las principales organizaciones españolas del transporte de mercancías por carretera consideran que la continuidad de las ayudas, por sí sola, no basta. Sus críticas se centran en dos cuestiones: cuánto apoyo recibirán realmente las empresas y cuándo podrán disponer del dinero.
De 20 céntimos en octubre a 6 en diciembre
La reducción general del Impuesto sobre Hidrocarburos seguirá una trayectoria descendente durante el último trimestre del año:
| Mes | Rebaja general prevista |
|---|---|
| Octubre | 20 céntimos por litro |
| Noviembre | 13 céntimos por litro |
| Diciembre | 6 céntimos por litro |
El Gobierno ha incorporado una cláusula de salvaguarda. Si el indicador de inflación utilizado por la norma supera el umbral establecido, la rebaja de noviembre podrá mantenerse en 20 céntimos y la de diciembre elevarse a 13 céntimos. También se contempla la posibilidad de aplicar 20 céntimos en diciembre, en función de la evolución del IPC de octubre.
Estas cantidades corresponden a la rebaja fiscal general sobre los carburantes. No deben confundirse con las ayudas específicas al transporte profesional, que tienen sus propias reglas.
Para los vehículos con derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo profesional, el Ejecutivo ha anunciado una ayuda adicional de 5 céntimos por litro en octubre, 12 en noviembre y 19 en diciembre, sujeta también a posibles ajustes. Se mantiene, además, una línea de ayudas directas para determinados profesionales del transporte cuyos vehículos no pueden acogerse a esa devolución.
El Gobierno presenta estas medidas como una forma de amortiguar el encarecimiento del combustible. Las patronales del sector, en cambio, cuestionan que el apoyo previsto sea suficiente frente a los costes que ya soportan las empresas.
FENADISMER quiere el dinero directamente en las cuentas de los transportistas
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha expresado su desacuerdo con el modelo de gestión de las bonificaciones.
La organización rechaza que parte de las medidas se canalicen a través de las estaciones de servicio y defiende que el importe íntegro de las ayudas se transfiera directamente a las cuentas bancarias de los transportistas.
Su argumento es fundamentalmente financiero: para un autónomo o una pequeña empresa, una ayuda reconocida pero todavía no cobrada no compensa de forma inmediata el desembolso necesario para repostar.
FENADISMER sostiene que la intervención de intermediarios añade complejidad al sistema y reclama al Ministerio de Hacienda que agilice tanto los pagos dirigidos a vehículos pesados como los correspondientes a vehículos ligeros.
La federación también pide que las cuantías se ajusten automáticamente si una nueva escalada del conflicto internacional vuelve a impulsar el precio del petróleo. Considera que la reducción progresiva de las rebajas fiscales se produce en un contexto de elevada volatilidad y reclama que las medidas puedan reforzarse sin esperar a que el incremento de costes vuelva a deteriorar la situación financiera de las empresas.
La CETM cuestiona las cuantías y reclama los pagos pendientes
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) comparte la preocupación por la situación económica del sector, aunque pone el acento en la magnitud del encarecimiento del gasóleo.
La organización reconoce que la prórroga de las ayudas evita su desaparición al finalizar septiembre. Sin embargo, considera que los importes previstos para los próximos meses no reflejan suficientemente el aumento de los costes de explotación.
Según los precios citados por la CETM, el gasóleo habría pasado de aproximadamente 1,44 euros por litro al inicio del conflicto a unos 1,93 euros. La diferencia es de 49 céntimos por litro, equivalente a un incremento aproximado del 34 proc. respecto al precio inicial.
La patronal advierte de que, aunque parte del encarecimiento se ha trasladado a los clientes, los márgenes de numerosas empresas se han estrechado. Su presidente, Carmelo González, trasladó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la petición de reforzar las medidas de apoyo y de adaptar su cuantía a la evolución efectiva del combustible.
La CETM reclama, además, el abono de las ayudas ya concedidas. Según la organización, numerosas empresas todavía no habían recibido a finales de septiembre los importes correspondientes al primer paquete de medidas.
La demora tiene consecuencias directas sobre la tesorería: las empresas deben pagar el gasóleo para mantener sus vehículos en circulación, mientras una parte de la compensación pública continúa pendiente de cobro.
La liquidez, en el centro de las reclamaciones
Las posiciones de FENADISMER y CETM coinciden en un punto: el calendario de pago puede ser tan importante como la cuantía de la ayuda.
El problema afecta especialmente a los autónomos y a las pequeñas empresas de transporte, que disponen de menor margen financiero para adelantar durante meses el coste de los carburantes.
En la práctica, el encarecimiento del gasóleo repercute en toda la cadena de transporte. Cuando los contratos permiten revisar los precios, una parte del aumento puede trasladarse a los cargadores. Cuando esa revisión se retrasa o no está prevista, el transportista debe asumir temporalmente una mayor presión sobre su margen y su liquidez.
Las organizaciones empresariales también advierten de que el traslado continuado de estos costes a los clientes puede acabar repercutiendo en los precios de los productos transportados.
Por ahora, el tercer paquete mantiene las ayudas durante el último trimestre y establece mecanismos para revisar determinadas rebajas fiscales. La cuestión pendiente es si las medidas llegarán a las empresas con suficiente rapidez y si sus importes se adaptarán al coste real del combustible.
