El debate llega en un momento especialmente sensible para el sector, que ya está asumiendo inversiones relevantes por la implantación del tacógrafo inteligente de segunda generación (G2V2). Este equipo debe incorporarse a los vehículos que realizan transporte internacional dentro de los plazos marcados por el Paquete de Movilidad. Para la IRU, el coste de las actualizaciones obligatorias de seguridad en tacógrafos ya homologados no debería recaer en los transportistas.
El problema no es actualizar, sino quién lo financia
La IRU recuerda que el tacógrafo inteligente de segunda generación es una pieza clave para el control y la aplicación de la normativa europea de transporte por carretera. Por eso, su fiabilidad y su seguridad resultan determinantes, tanto para las autoridades encargadas de la inspección como para las empresas que dependen del equipo para cumplir la ley.
Tras su comercialización, se detectaron fallos de seguridad en algunos tacógrafos ya homologados. Los fabricantes prepararon soluciones para reforzar la protección, pero no todos han abordado del mismo modo el coste de las actualizaciones necesarias.
Stoneridge Electronics decidió asumir el coste de las actualizaciones de seguridad exigidas. Continental (Aumovio), en cambio, puso en marcha un sistema de vales en el que el gasto recae en los transportistas. Esta diferencia de criterios es la que ha llevado a la IRU a intervenir.
“No debería pagarlo el transportista”
La organización subraya que los operadores compran equipos homologados que cumplen los requisitos técnicos vigentes en el momento de la venta. Desde su punto de vista, cuando aparecen brechas de seguridad una vez autorizado el dispositivo, la responsabilidad de corregirlas debería seguir siendo del fabricante.
“En esencia, la IRU considera que los operadores de transporte por carretera, como usuarios finales de dispositivos que ya han sido homologados y puestos en el mercado, no deberían tener que asumir el coste de actualizaciones obligatorias destinadas a resolver problemas de seguridad identificados tras la aprobación”, recalca Raluca Marian, directora de defensa de la IRU ante la UE.
Además, la IRU insiste en que muchas empresas ya están destinando recursos significativos para cumplir con requisitos tecnológicos obligatorios. Si a ello se suman cargos adicionales difíciles de anticipar, la planificación operativa y presupuestaria se complica aún más.
Dos fabricantes, dos fórmulas opuestas
Para la IRU, la situación actual evidencia que no existe un criterio común sobre cómo deben sufragarse las actualizaciones de seguridad obligatorias.
A su juicio, el hecho de que un fabricante pague la actualización y otro traslade el coste al usuario demuestra que no se trata de una obligación legal inevitable, sino de una decisión empresarial.
La IRU pone como ejemplo otros sectores: cuando se detectan riesgos de ciberseguridad en dispositivos móviles, lo habitual es que el fabricante asuma el coste de la corrección. La organización sostiene que ese mismo principio debería aplicarse a los tacógrafos.
La IRU pide normas comunes en toda la UE
La asociación advierte de que el problema no se limita a los casos actuales. A medida que los tacógrafos se digitalizan, es previsible que las actualizaciones vinculadas a la seguridad sean más frecuentes. Sin reglas compartidas, empresas que realizan el mismo trabajo podrían acabar pagando importes distintos solo por llevar equipos de marcas diferentes.
Por ello, reclama una armonización a escala europea de las normas sobre actualizaciones de seguridad obligatorias del tacógrafo, con el objetivo de garantizar un trato igual para los transportistas, independientemente del fabricante instalado en el vehículo.
Según la IRU, únicamente unas reglas coherentes y claras —que delimiten responsabilidades entre fabricantes, operadores y autoridades— permitirán sostener la confianza en el sistema de tacógrafo y aportar mayor seguridad jurídica a las empresas.
Desde mañana, también en los vehículos comerciales ligeros
El llamamiento de la IRU coincide con el siguiente paso del Paquete de Movilidad. A partir del 1 de julio de 2026, la obligación de utilizar tacógrafos inteligentes de segunda generación (G2V2) también se extenderá a los vehículos con una masa máxima autorizada entre 2,5 y 3,5 toneladas que realicen transporte internacional comercial de mercancías y cabotaje. En la práctica, esto significa que la discusión sobre quién asume el coste de las actualizaciones de seguridad obligatorias podría afectar no solo a las flotas de camiones, sino también a las empresas que operan internacionalmente con furgonetas.
