Claves:
- Los transportistas españoles esperaron una media de 52 días para cobrar en agosto de 2026, el plazo más corto registrado por Fenadismer.
- La proporción de cargadores e intermediarios de transporte que pagaron fuera de plazo bajó al 38 %. En 2021, la espera media todavía era de 83 días.
- Las transferencias bancarias representan el 69 % de los pagos en el transporte español por carretera, mientras que el confirming concentra otro 25 %.
- La propuesta de la Unión Europea para reducir a 30 días el plazo máximo estándar de pago entre empresas sigue bloqueada en el Consejo de la UE y figura como «Bloqueada» en el calendario oficial del Parlamento Europeo.
España registra sus plazos de cobro más cortos
Los últimos datos del Observatorio de Morosidad y Pagos en el Transporte por Carretera, gestionado por Fenadismer junto con la Fundación Quijote para el Transporte, muestran que el tiempo medio de espera para cobrar los servicios de transporte se redujo a 52 días en agosto de 2026. La cifra mejora el anterior mínimo, registrado en abril y junio, cuando los transportistas cobraron tras una espera media de 53 días.
La evolución positiva se mantiene desde que España puso en marcha, a finales de 2021, un régimen específico de sanciones administrativas para castigar el incumplimiento de los plazos legales de pago en el transporte de mercancías por carretera.
En 2021, el plazo medio de pago en España todavía alcanzaba los 83 días. En diciembre de 2025 se había reducido a 59 días y, en agosto de 2026, cayó otros siete días.
Más de uno de cada tres clientes sigue pagando tarde
Aunque la tendencia es favorable, la morosidad continúa siendo habitual. La encuesta de Fenadismer correspondiente a agosto reveló que el 38 % de los cargadores e intermediarios de transporte todavía pagó después del plazo máximo de 60 días establecido en España.
Entre las empresas que incumplieron la norma, el 76 % abonó las facturas entre 60 y 90 días. Otro 6 % tardó más de 120 días en liquidarlas.
Los datos reflejan una nueva mejora. En diciembre de 2025, el 48 % de las empresas rebasaba el límite legal; en junio de 2026, la proporción había bajado al 44 %. En agosto se situó finalmente en el 38 %.
El régimen sancionador español, implantado en octubre de 2021, permite multar a las empresas que tardan más de 60 días en pagar los servicios de transporte. Estas sanciones administrativas se suman a las posibles consecuencias previstas por el derecho civil.
Fenadismer atribuye buena parte de la mejora a la actuación de las autoridades nacionales y autonómicas de inspección del transporte. La federación considera que los controles deben mantenerse para que el cumplimiento de los plazos de pago se convierta en una práctica habitual.
La UE quería acortar los plazos de pago. ¿Por qué sigue bloqueada la reforma?
El avance registrado en España se produce mientras Europa debate cómo combatir la morosidad, un problema que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
En marzo de 2024, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) adoptó su posición sobre las normas destinadas a mejorar la puntualidad de los pagos entre empresas y administraciones públicas.
La Comisión Europea había presentado la propuesta en septiembre de 2023. El texto planteaba plazos más estrictos y nuevas garantías para los acreedores.
El proyecto fijaba en 30 días el plazo máximo estándar para las operaciones entre empresas. El Parlamento Europeo también contemplaba que las partes pudieran pactar plazos de hasta 60 días naturales, siempre que el periodo ampliado quedara recogido de forma expresa en el contrato.
La propuesta incluía además intereses automáticos por los pagos atrasados y una compensación de entre 50 y 150 euros por operación para cubrir los costes de reclamación, en función del importe de la transacción.
Más de dos años después, las nuevas normas siguen sin aprobarse
El expediente avanzó después de que la comisión parlamentaria adoptara su posición en marzo de 2024. El 23 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó su posición en primera lectura. Sin embargo, aquella votación no supuso la adopción definitiva de las nuevas normas.
Las negociaciones siguen estancadas en el Consejo de la UE. Los Estados miembros mantienen diferencias sobre cuestiones como el límite fijo de 30 días y la forma jurídica de las nuevas normas: un reglamento de aplicación directa o una directiva que conceda más margen a los gobiernos nacionales durante la transposición.
Las organizaciones empresariales europeas BusinessEurope, EuroCommerce y Eurochambres también han expresado su oposición a la propuesta. En marzo de 2025 pidieron a la Comisión Europea que la retirara, al considerar que las medidas limitarían en exceso la libertad de las empresas para negociar sus contratos.
El calendario legislativo oficial del Parlamento Europeo incluye actualmente la propuesta con el estado «Bloqueada», debido al estancamiento en el Consejo de la UE. El registro de procedimientos legislativos indica que el expediente está pendiente de la posición del Consejo en primera lectura.
Por tanto, las normas que reducirían a 30 días el plazo máximo estándar de pago todavía no han sido aprobadas. Tampoco existe una fecha acordada para su aplicación.
El caso español demuestra la importancia de hacer cumplir las normas
La experiencia española indica que las sanciones administrativas respaldadas por inspecciones continuadas pueden mejorar la disciplina de pago. Aun así, Fenadismer advierte de que más de un tercio de los clientes todavía incumple las reglas, incluso con el tiempo medio de espera en mínimos históricos.
Los transportistas del resto de la Unión Europea siguen a la espera de saber si la reforma comunitaria avanzará. Más de dos años después de que el Parlamento aprobara su posición, las medidas para frenar los retrasos y reforzar la protección de los acreedores continúan en fase de debate en el Consejo de la UE.
