Claves de la propuesta:
- La IRU pide fijar en 30 días el plazo máximo para pagar los servicios de transporte por carretera.
- El límite se aplicaría tanto a las operaciones entre empresas como a los contratos con organismos públicos.
- La organización rechaza cualquier excepción que permita ampliar el plazo más allá de los 30 días.
- Los trámites de aceptación o verificación del servicio también deberían completarse dentro de ese plazo y no dar lugar a un nuevo periodo de espera.
- Según los datos de la Comisión Europea citados por la IRU, hasta un 60 % de las empresas afirma que los retrasos en los pagos impiden invertir en soluciones innovadoras.
- La reforma europea que incluía un plazo estándar de 30 días sigue negociándose en el Consejo de la Unión Europea.
La propuesta de la IRU parte de una regla sencilla: los servicios de transporte por carretera deberían pagarse como máximo 30 días después de su prestación. La organización considera que, sin una tesorería estable, los transportistas tienen dificultades para financiar nuevos vehículos, tecnologías e infraestructuras.
La petición forma parte del documento de posición sobre la morosidad que la IRU remitió a los responsables europeos el 8 de octubre de 2026. Su objetivo es que el mismo criterio se aplique tanto a las operaciones entre empresas como a los contratos suscritos con las administraciones públicas.
La organización también se opone a que las partes puedan pactar plazos más largos. Además, el tiempo dedicado a aceptar o comprobar que el servicio se ha realizado correctamente debería computarse dentro de los 30 días. En opinión de la IRU, estos procedimientos no deben convertirse en una vía para retrasar el pago.
La liquidez es una cuestión empresarial, no un trámite administrativo
La IRU relaciona directamente la puntualidad de los pagos con la capacidad de los transportistas para modernizar sus flotas.
Raluca Marian, directora de la IRU ante la Unión Europea, lo explica así:
Para un transportista, la liquidez no es un detalle administrativo. Puede determinar si una empresa puede invertir en nuevas tecnologías e innovación, así como en los conductores y empleados necesarios para prestar sus servicios.
La preocupación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas. Habitualmente cuentan con reservas financieras más limitadas y disponen de menor poder de negociación frente a los grandes clientes.
Los datos de la Comisión Europea citados por la IRU indican que el 60 % de las empresas asegura que los retrasos en los pagos impiden invertir en soluciones innovadoras.
En el transporte por carretera, el impacto es aún mayor, ya que los costes operativos se acumulan desde el primer día. El combustible, los salarios, los peajes, las cuotas de leasing y los seguros deben abonarse con regularidad, independientemente de cuándo el cliente pague el servicio.
La reforma europea sobre pagos sigue bloqueada
La propuesta de la IRU llega en plena discusión europea sobre la morosidad. Las instituciones de la Unión Europea llevan varios años debatiendo un plazo máximo de 30 días, pero todavía no han logrado cerrar un acuerdo definitivo.
En septiembre de 2023, la Comisión Europea presentó una propuesta para combatir los pagos tardíos. El texto establecía un plazo máximo general de 30 días para las operaciones entre empresas.
El Parlamento Europeo fijó su posición en abril de 2024. Sin embargo, permitió que las empresas pactaran plazos de hasta 60 días, siempre que la ampliación quedara recogida de forma clara en el contrato.
Desde entonces, la reforma no ha avanzado. Las negociaciones continúan estancadas en el Consejo de la Unión Europea, donde los Estados miembros aún deben resolver cuestiones como la obligatoriedad del límite de 30 días y el formato definitivo de las nuevas normas.
La IRU defiende ahora una posición más estricta que la respaldada por el Parlamento: 30 días para pagar los servicios de transporte por carretera y ninguna excepción.
Los 52 días de media en España aún quedan lejos del objetivo de la IRU
La diferencia entre la propuesta de la IRU y la realidad de los pagos se aprecia con claridad en España, donde los plazos medios se han reducido de forma notable en los últimos años. En agosto de 2026, el plazo medio para cobrar un servicio fue de 52 días, el más bajo de la serie histórica del país, según los datos del observatorio gestionado por Fenadismer y la Fundación Quijote para el Transporte.
El dato supone una mejora significativa respecto a 2021, cuando el plazo medio alcanzaba los 83 días. Además, España lleva varios años aplicando sanciones administrativas por superar el límite máximo de 60 días previsto para el transporte de mercancías por carretera.
Aun así, en agosto de 2026 el 38 % de los cargadores y operadores de transporte seguía pagando fuera de plazo. Frente al límite de 30 días que propone la IRU, incluso los 52 días registrados en España —el periodo más corto de toda la serie histórica del país— continúan muy por encima del máximo defendido por la organización.
Unos pagos más rápidos ayudarían a financiar la transformación de las flotas
La IRU vincula el debate sobre los pagos con su posición respecto a las infraestructuras de recarga. Los transportistas afrontan inversiones cada vez mayores en vehículos de cero emisiones, infraestructuras de recarga, tecnologías digitales y adaptaciones necesarias para cumplir los nuevos requisitos normativos.
Las ayudas públicas pueden contribuir a financiar estos proyectos, pero, según la organización, no sustituyen a los recursos propios de las empresas.
Raluca Marian concluye:
Los transportistas necesitan disponer de fondos propios para invertir. Una empresa financieramente sólida es aquella que cobra a tiempo por el trabajo que ya ha realizado.
Por ahora, el límite de 30 días que plantea la IRU sigue siendo una reivindicación del sector. Las normas europeas destinadas a armonizar los requisitos de pago y reducir la morosidad aún no han sido aprobadas.
