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Bruselas quiere retirar la norma que limitaría los pagos a 30 días. Los transportistas temen que persista la morosidad

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El plan de la Unión Europea para limitar a 30 días los plazos de pago comerciales podría quedar archivado. Mientras la Comisión Europea prepara su retirada, las organizaciones empresariales y del transporte advierten del impacto de la morosidad sobre la liquidez del sector. El caso español demuestra que las sanciones y los controles pueden reducir de forma notable el tiempo necesario para cobrar.

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Puntos clave:

  • La Comisión Europea prevé retirar su propuesta de reglamento para combatir la morosidad. La iniciativa figura entre los expedientes que la Comisión pretende retirar en su programa de trabajo para 2027, presentado el 4 de noviembre de 2026.
  • El proyecto establecía, con carácter general, un plazo máximo de 30 días para pagar las operaciones comerciales y reforzaba los mecanismos para reclamar importes vencidos.
  • La retirada prevista llega después del bloqueo de las negociaciones en el Consejo de la Unión Europea. Según la Comisión, un número significativo de Estados miembros se opone a continuar con la reforma.
  • España ofrece un ejemplo de que las sanciones pueden cambiar el comportamiento de los pagadores. Desde la entrada en vigor de las multas por superar los plazos legales, la espera media se ha reducido de manera significativa, hasta alcanzar un mínimo de 47 días en septiembre de 2026.

La propuesta de reglamento europeo contra la morosidad en las operaciones comerciales, presentada por primera vez por la Comisión Europea en septiembre de 2023, podría no convertirse nunca en legislación. En su programa de trabajo para 2027, publicado el 4 de noviembre de 2026, la institución incluyó esta iniciativa entre las propuestas legislativas que tiene previsto retirar.

El proyecto, identificado como COM(2023) 533, pretendía sustituir la actual directiva europea sobre pagos atrasados. Su objetivo era armonizar las normas en los distintos mercados de la UE y limitar la capacidad de los grandes clientes para imponer plazos excesivos a las pequeñas empresas.

La Comisión considera que las conversaciones están paralizadas y que un grupo importante de Estados miembros no quiere seguir adelante con el expediente. En su evaluación, alcanzar un acuerdo en el Consejo dentro de un plazo razonable parece poco probable.

El Parlamento Europeo aprobó su posición sobre la propuesta en abril de 2024. Desde entonces, sin embargo, las instituciones no han logrado cerrar el acuerdo necesario para aprobar las nuevas reglas.

La intención de retirar el proyecto todavía no supone el final formal del procedimiento legislativo. La Comisión ha anunciado sus planes, pero las normas nunca llegaron a entrar en vigor. Por tanto, el marco actual sobre los plazos de pago continúa siendo aplicable.

Qué habría cambiado con un límite de pago de 30 días

La reforma planteaba fijar un plazo máximo general de 30 días para las operaciones comerciales, tanto entre empresas privadas como en los contratos con las administraciones públicas. El texto habría restringido la posibilidad de ampliar ese periodo mediante un acuerdo contractual, mientras que el sistema vigente permite plazos más largos en determinadas circunstancias.

El proyecto también incluía herramientas más contundentes para reclamar facturas impagadas. Entre ellas figuraban disposiciones sobre los intereses de demora y la compensación por los costes de recuperación de la deuda.

Otro cambio relevante era la elección de un reglamento en lugar de una directiva. Al aplicarse directamente en los Estados miembros, un reglamento habría reducido las diferencias derivadas de la transposición de las normas europeas a las legislaciones nacionales.

Para los transportistas, esta fórmula podía haber creado un marco jurídico más uniforme para cobrar las facturas de transporte en los distintos mercados europeos. No obstante, la reforma no habría garantizado que todas las facturas se pagaran puntualmente. El resultado también habría dependido de las inspecciones, las sanciones y la capacidad real de hacer cumplir las obligaciones a los clientes incumplidores.

Las empresas españolas temen que los grandes clientes mantengan su ventaja

El anuncio de la Comisión provocó una fuerte reacción de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), organización española que agrupa a distintos colectivos afectados por los retrasos en los pagos. En un comunicado publicado el 17 de noviembre de 2026, la entidad acusó a las instituciones europeas de ceder ante la presión de las grandes organizaciones empresariales y de algunos Estados miembros.

Para PMcM, abandonar la reforma supondría desperdiciar una oportunidad para resolver problemas que llevan años afectando a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas europeas. Entre ellos se encuentran los plazos de pago desproporcionados, la falta de mecanismos eficaces para recuperar deudas y el desequilibrio en la capacidad de negociación.

Las empresas pequeñas suelen tener poco margen cuando negocian con grandes clientes. Rechazar una ampliación del plazo de pago puede poner en peligro el contrato, por lo que muchos proveedores terminan aceptando las condiciones impuestas por la parte con mayor poder de negociación.

PMcM advierte de que la retirada de la propuesta podría consolidar esa desigualdad. La organización también señala el impacto económico de los retrasos: las facturas vencidas reducen la liquidez, dificultan las inversiones y la contratación, frenan el crecimiento y, en los casos más graves, pueden contribuir a la insolvencia.

Desde la perspectiva de la organización, resulta especialmente difícil entender el abandono del proyecto en un momento en el que la política económica de la UE apuesta por una mayor armonización de las reglas del mercado único.

La acusación de que las instituciones europeas están cediendo ante los grupos de presión refleja la posición de la organización española. La explicación oficial de la Comisión es otra: considera que existen pocas posibilidades de lograr un acuerdo en el Consejo de la Unión Europea.

Los transportistas llevan años reclamando plazos más cortos

El problema tiene una importancia especial para el transporte por carretera. Los transportistas asumen buena parte de los costes de una operación mucho antes de recibir los ingresos correspondientes.

El combustible, los peajes, los salarios de los conductores, el leasing de los vehículos y el resto de los gastos operativos deben abonarse mientras se presta el servicio. El pago de la factura, en cambio, puede llegar varias semanas después o incluso al cabo de varios meses.

En octubre de 2026, la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) volvió a pedir a las instituciones europeas que establezcan un plazo máximo de 30 días para los servicios de transporte.

La organización defiende una norma que cubra tanto las operaciones entre empresas como los contratos públicos, sin permitir que las partes amplíen posteriormente el plazo mediante un acuerdo privado.

IRU insiste en que unos pagos previsibles son esenciales para la estabilidad financiera de los transportistas y para su capacidad de invertir en vehículos nuevos, tecnología e infraestructura.

Esta reivindicación cobra más fuerza mientras la Comisión estudia retirar su propuesta de reglamento. Sin unas reglas comunes, el sector seguirá reclamando protección frente a los periodos de liquidación excesivamente largos.

España demuestra que las sanciones por demora pueden funcionar

España ofrece un ejemplo de cómo unas normas más estrictas, acompañadas de controles efectivos, pueden mejorar la disciplina de pago. A finales de 2021, el país introdujo sanciones administrativas por superar el plazo máximo de 60 días aplicable a los servicios de transporte de mercancías por carretera. Desde entonces, la espera media para cobrar se ha reducido de manera notable.

Los datos del observatorio gestionado por Fenadismer junto con la Fundación Quijote para el Transporte situaban el plazo medio de pago en 83 días en 2021. La cifra bajó a 59 días en 2025 y alcanzó un mínimo histórico de 47 días en septiembre de 2026. Son 36 días menos que la media de 2021, aunque el último dato corresponde a un solo mes y no al conjunto del año.

Fenadismer atribuye buena parte de esta mejora a las inspecciones realizadas por las autoridades nacionales y regionales de transporte, así como a las sanciones impuestas a las empresas que superan los plazos legales.

La experiencia española indica que unas reglas claras, respaldadas por controles reales, pueden reducir de forma significativa el tiempo que los transportistas esperan para cobrar.

Los retrasos no han desaparecido por completo. Algunos clientes siguen superando los plazos permitidos, motivo por el que Fenadismer reclama que continúen las inspecciones.

Aun así, el avance es considerable. El periodo medio de pago se encuentra por debajo del límite de 60 días que se aplica al transporte por carretera en España.

En el debate europeo, el caso español respalda la aplicación de controles y sanciones más eficaces, en lugar de abandonar por completo la regulación.

Incluso la media récord de 47 días sigue siendo superior al estándar de 30 días que defienden las organizaciones europeas del transporte.

¿Aún puede salvarse la reforma?

Pese al anuncio de la Comisión, PMcM pide a los Estados miembros que reanuden las negociaciones y alcancen un acuerdo antes de que la propuesta se retire formalmente. La organización quiere mantener unas reglas europeas comunes, acompañadas de una supervisión efectiva de los plazos y de sanciones para quienes los incumplan.

La postura de varios Estados miembros sigue siendo el principal obstáculo. En su explicación oficial, la Comisión afirma que un número significativo de países se opone a continuar con el proyecto y que alcanzar un acuerdo en el Consejo dentro de un plazo razonable parece improbable.

Esto no significa que desaparezcan las protecciones actuales para los acreedores. La directiva europea sobre morosidad, tal como ha sido incorporada a la legislación nacional de los Estados miembros, continúa vigente.

Lo que está en riesgo es la reforma destinada a crear unas reglas más estrictas y uniformes en toda la Unión Europea.

La experiencia española demuestra que unas normas más exigentes y unas inspecciones eficaces pueden mejorar notablemente la disciplina de pago. Sin un nuevo acuerdo a escala comunitaria, sin embargo, los transportistas seguirán dependiendo de las legislaciones nacionales y de las condiciones negociadas con cada cliente.

En última instancia, el debate sobre la reforma europea de pagos no se limita a decidir cuánto pueden tardar los clientes en pagar. También plantea quién debe financiar la operación de transporte: el cliente que encarga el servicio o el transportista que ya ha hecho su trabajo y todavía espera cobrar.

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