Puntos clave:
- El Parlament catalán ha aprobado impulsar un sistema de pago por uso en las vías de alta capacidad.
- La tarifa se calcularía según el kilometraje, el impacto ambiental, el peso y la categoría del vehículo.
- La propuesta no puede aplicarse de inmediato en infraestructuras estatales como la AP-7.
- La CETM rechaza la medida y advierte de una posible doble imposición.
- La patronal recuerda que el sector ya contribuye a la financiación de las carreteras a través de una elevada fiscalidad sobre los carburantes.
- La iniciativa deberá concretarse y negociarse antes de convertirse en un sistema efectivo de cobro.
La propuesta fue respaldada por la mayoría de los grupos del Parlament, con la oposición del Partido Popular y VOX y la abstención de Aliança Catalana. Aunque por ahora se trata de una iniciativa política y no de un sistema listo para su aplicación, el debate ha reabierto una cuestión especialmente sensible para el transporte por carretera: quién debe asumir el coste de la conservación y gestión de las infraestructuras.
Un sistema distinto al peaje clásico
El modelo planteado por el Parlament no se limitaría al pago de una cantidad fija por acceder a una determinada vía. La intención es establecer una fórmula similar a una viñeta o a un sistema de pago por uso, en el que la cuantía dependería de varios factores.
Entre los criterios previstos figuran la distancia recorrida, el impacto ambiental, el peso y la tipología del vehículo. Esto podría traducirse en una carga más elevada para los vehículos pesados, especialmente para los dedicados al transporte profesional de mercancías.
La propuesta, sin embargo, tiene por delante importantes límites competenciales. Algunas de las principales infraestructuras viarias de Cataluña, entre ellas la AP-7, dependen de la Administración General del Estado. Por tanto, cualquier cambio efectivo en su sistema de financiación requeriría la participación del Gobierno central.
La CETM denuncia un nuevo castigo al camión
La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha expresado su rechazo frontal a la iniciativa. Según la organización, el planteamiento vuelve a presentar al transporte de mercancías por carretera como uno de los principales responsables de los problemas de congestión y movilidad.
La patronal sostiene que las carreteras son utilizadas a diario por millones de vehículos y que no resulta razonable concentrar nuevas cargas sobre los camiones cada vez que aparecen problemas de saturación o de financiación de las infraestructuras.
Una vez más, cuando surgen problemas de congestión o de gestión de las infraestructuras, la solución parece pasar por señalar a los camiones cuando las carreteras las utilizan millones de vehículos cada día, no solo los de transporte de mercancías”, afirma la CETM.
La organización recuerda además que el transporte por carretera desempeña un papel esencial en situaciones de emergencia y garantiza el abastecimiento de hospitales, supermercados, industrias y hogares.
El sector habla de doble imposición
Uno de los principales argumentos de la CETM es que el transporte profesional ya contribuye de forma significativa a la financiación de las infraestructuras a través de los impuestos que soporta, especialmente los vinculados a los carburantes.
Según la patronal, la recaudación asociada a esta fiscalidad supera los 21.000 millones de euros anuales. Por ello, considera que añadir ahora un nuevo pago por uso podría equivaler a una doble imposición sobre un sector que ya afronta una elevada carga fiscal y regulatoria.
La organización critica también que los camiones sean objeto recurrente de nuevas restricciones, controles y peajes, pese a su papel en el funcionamiento diario de la economía.
Quizá el problema es que las mercancías no votan. Pero los transportistas sí, y sobre todo millones de ciudadanos dependen cada día de que un camión llegue a su destino”, señala la CETM.
El debate sobre la financiación vuelve a primera línea
La iniciativa catalana vuelve a situar en primer plano el debate sobre cómo financiar la red viaria y cómo repartir ese coste entre los distintos usuarios.
La CETM reclama que cualquier reforma se base en criterios de rigor, equidad y diálogo con los sectores afectados. También exige que las decisiones no penalicen de forma sistemática a quienes garantizan el suministro de bienes, la actividad económica y la competitividad.
Por ahora, la propuesta deberá superar nuevos pasos políticos, jurídicos y administrativos antes de convertirse en un sistema real de cobro. El principal punto de fricción será determinar qué vías quedarían afectadas, quién tendría capacidad para aplicar las tarifas y en qué medida los vehículos pesados asumirían una carga mayor que el resto de usuarios.
