Claves del caso:
- Paralización obligatoria de la actividad durante dos meses.
- Multa de 315.000 euros.
- Faltaban documentos relativos a 10 trabajadores.
- Un procedimiento anterior terminó con una multa de 73.000 euros.
- Incumplir la orden de paralización es constitutivo de delito.
El expediente afecta a una empresa de transporte con sede en La Haya que no pudo demostrar ante los inspectores si sus empleados habían percibido, como mínimo, el salario exigido por la legislación.
La compañía no presentó documentación esencial para verificar el cumplimiento de las normas salariales. Faltaban nóminas, justificantes de pago y registros de las horas trabajadas.
La autoridad considera que la sanción anterior no fue suficiente para corregir las irregularidades. Por ello, esta vez ha combinado una multa mucho más elevada con una medida que afecta directamente a la actividad de la empresa.
Faltaba documentación de 10 trabajadores
Según la Inspección de Trabajo, la compañía no entregó la documentación necesaria correspondiente a 10 empleados.
Entre los documentos ausentes figuraban nóminas, justificantes de pago y registros de jornada. Sin esa información, los inspectores no pudieron comprobar si cada trabajador había percibido al menos el salario mínimo legal por todas las horas trabajadas.
Por estas irregularidades, la empresa ha recibido una multa de 315.000 euros.
Una infracción anterior acabó con una multa de 73.000 euros
No es la primera vez que la empresa incumple sus obligaciones. En una investigación anterior, los inspectores tampoco pudieron determinar si nueve empleados habían percibido al menos el salario mínimo correspondiente a las horas trabajadas.
Aquel procedimiento terminó con una multa de 73.000 euros.
Las nuevas irregularidades salieron a la luz en 2025, durante un control rutinario de uno de los vehículos de la empresa. La investigación posterior reveló que la documentación seguía siendo insuficiente.
Tampoco esta vez había datos que permitieran verificar el cumplimiento de la legislación sobre el salario mínimo en el caso de 10 trabajadores.
Actividad paralizada durante dos meses
Para evitar que la empresa continúe infringiendo la normativa, la Inspección de Trabajo de Países Bajos ha ordenado paralizar su actividad durante dos meses.
La medida no se limita, por tanto, a una sanción económica. Durante el periodo establecido, la empresa deberá cesar las actividades afectadas por la resolución.
La Inspección subraya que incumplir la orden de paralización es constitutivo de delito. El organismo también comprobará que el empleador respete la medida.
La Inspección anima a denunciar los abusos
La Inspección de Trabajo de Países Bajos afirma que detecta con frecuencia infracciones relacionadas con condiciones laborales injustas. Por ello, recuerda la importancia de denunciar situaciones de trabajo desleales, inseguras o perjudiciales para la salud.
Las irregularidades pueden comunicarse directamente a través de la página web de la Inspección. También es posible presentar información de forma anónima a través de Meld Misdaad Anoniem, en el número +31 0800 70 00, o contactar con la policía en el +31 0900 88 44.
La reincidencia en infracciones salariales puede terminar no solo con una multa elevada, sino también con la paralización temporal de la actividad de la empresa.
