Lo más importante:
- La patronal estima un sobrecoste de unos 720 euros al mes por camión si se cumple la subida prevista del gasóleo.
- La previsión parte de un incremento de 24,20 céntimos por litro a partir del 1 de octubre en la Península y Baleares.
- CETM pide al Gobierno que prorrogue las ayudas al combustible antes de que finalicen a finales de septiembre.
- La organización defiende la cláusula obligatoria de revisión del precio del transporte ligada al coste del gasóleo.
- Según CETM, eliminar o debilitar ese mecanismo volvería a trasladar al transportista un riesgo que no puede controlar.
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio calcula que el precio medio de venta al público del gasóleo en la Península y Baleares podría subir 24,20 céntimos por litro a partir del 1 de octubre.
A partir de esta estimación, CETM ha calculado el impacto sobre una empresa de transporte. Un camión con un consumo mensual aproximado de 3.000 litros tendría que pagar unos 720 euros más cada mes, lo que elevaría el coste anual adicional por encima de los 8.600 euros.
La organización advierte de que este aumento llegaría coincidiendo con el final de las ayudas estatales destinadas a reducir el impacto del precio del combustible.
CETM pide actuar antes del 1 de octubre
La patronal reclama al Gobierno que adopte nuevas medidas de apoyo antes de que expire el actual sistema de ayudas. CETM sostiene que una nueva escalada del combustible podría trasladarse al resto de la economía a través de mayores costes logísticos, además de reducir la capacidad de las empresas para planificar precios, contrataciones y actividad.
La organización insiste en que las compañías necesitan mayor estabilidad ante unos costes energéticos que no dependen directamente de su gestión.
La cláusula del gasóleo vuelve al centro del debate
CETM también defiende mantener el carácter obligatorio de la cláusula de revisión del precio del transporte en función de la evolución del combustible. Este mecanismo permite ajustar el precio del servicio cuando cambia de forma significativa el coste del gasóleo, evitando que toda la variación recaiga exclusivamente sobre el transportista.
La patronal rechaza que esta cláusula sea excesivamente compleja o que perjudique las relaciones comerciales. A su juicio, su obligatoriedad ha contribuido a equilibrar en parte la negociación entre cargadores y transportistas.
Según CETM, cuestionar ahora su carácter obligatorio y sancionable supondría volver a trasladar al transportista un riesgo que la normativa pretendía repartir de forma más equilibrada entre los distintos integrantes de la cadena logística.
Con el precio del combustible al alza y el final de las ayudas previsto para finales de septiembre, la combinación de ambos factores vuelve a elevar la presión sobre los costes del transporte por carretera.
