Puntos clave:
- Los pescadores franceses bloquearon puertos y terminales de combustible por el aumento del precio del diésel.
- El Gobierno francés prevé prolongar hasta el 31 de diciembre de 2026 las ayudas específicas vinculadas al coste del combustible y ha prometido apoyo adicional al sector pesquero.
- Los transportistas polacos piden un sistema de combustible profesional que permita recuperar parte de los impuestos incluidos en el precio del diésel.
- La asociación alemana BGL calcula que la última subida podría añadir 1.800 euros al mes al coste de operar cada camión pesado.
- En España, CETM estima que el combustible de un vehículo podría encarecerse alrededor de 720 euros al mes a partir de octubre.
- Las organizaciones de transporte de varios países coinciden en el problema: el combustible sube más rápido de lo que las empresas pueden actualizar sus tarifas.
El combustible ha dejado de ser una partida más en la hoja de costes de las empresas de transporte. En toda Europa, el sector reclama medidas urgentes para contener el impacto del diésel, desde rebajas fiscales y subvenciones hasta sistemas que permitan recuperar una parte de los impuestos asociados al carburante. En Francia, el malestar ya se ha trasladado a las calles y a los accesos de las terminales.
La presión se intensificó tras las perturbaciones registradas en los mercados energéticos internacionales. A comienzos de semana, el precio del crudo Brent alcanzó 109 dólares por barril, impulsado por nuevas interrupciones en el suministro procedente de Oriente Medio.
Los pescadores bloquean puertos y terminales de combustible
Las protestas más contundentes se han producido hasta ahora en Francia. Pescadores del sur del país bloquearon, entre otros puntos, los puertos de Niza y Grau-du-Roi, además del acceso a la terminal de combustible de Frontignan. En una movilización anterior también se vio afectada la terminal de Fos-sur-Mer.
En Frontignan, varias decenas de pescadores impidieron el paso de camiones cisterna. En una protesta previa celebrada en el mismo lugar, las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir. Sus principales reivindicaciones eran reducir el coste del combustible y garantizar la rentabilidad de las empresas pesqueras.
El Gobierno francés elevó la ayuda al combustible para los pescadores de 25 a 35 céntimos por litro, pero el sector consideró insuficiente la medida y pidió una solución estable. Tras reunirse con sus representantes, la ministra del Mar y la Pesca, Catherine Chabaud, explicó que las futuras ayudas se vincularían a la evolución del precio del carburante. Además, las empresas con problemas de liquidez podrían acceder a préstamos sin intereses mientras esperan el pago de las ayudas. Posteriormente, los manifestantes aceptaron levantar los bloqueos.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, también ordenó prolongar hasta el 31 de diciembre de 2026 las ayudas específicas relacionadas con el elevado precio del combustible. Según el Gobierno, el objetivo es proteger la actividad económica, el empleo y el crecimiento en los sectores más afectados por la crisis.
¿Pueden volver los chalecos amarillos? De momento, más dudas que certezas
La nueva escalada de los precios ha reavivado en Francia el recuerdo de las protestas de los chalecos amarillos. El movimiento nació en 2018 y tuvo entre sus detonantes inmediatos el encarecimiento de la gasolina y el diésel. Ahora vuelven a circular en redes sociales llamamientos a una nueva movilización.
La fecha que más se repite es el 17 de octubre, aunque todavía sería prematuro presentarla como la convocatoria oficial de una protesta nacional.
Le Monde comprobó que parte del contenido difundido procede de cuentas creadas recientemente y que, por ahora, ninguna organización reconocida de los chalecos amarillos respalda públicamente estos llamamientos. El autor del vídeo que contribuyó a popularizar la fecha del 17 de octubre declaró después que, de momento, renunciaba a organizar una manifestación.
El coste del combustible, sin embargo, ha vuelto al centro del debate público francés. Según datos citados por Polish Radio, el precio del carburante en Francia se sitúa actualmente entre 2 y 2,5 euros por litro, mientras el poder adquisitivo continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.
Francia no es el único país que está reaccionando al encarecimiento del combustible, aunque su respuesta está siendo distinta. Mientras las organizaciones de transporte de Polonia, Alemania y España reclaman ventajas fiscales, subvenciones y medidas para limitar el coste del diésel, en Francia el descontento ya ha llegado a las calles y a las entradas de las terminales de combustible. Los pescadores encabezan por ahora las movilizaciones, pero la subida también ha reabierto el debate sobre un posible regreso de los chalecos amarillos.
Polonia: los transportistas reclaman un «combustible profesional»
En Polonia todavía no se han producido protestas en las calles, pero la presión del transporte por carretera aumenta con claridad. La Asociación de Transportistas por Carretera de Pomerania Occidental ha pedido al ministro de Infraestructuras que implante un sistema de «combustible profesional». La propuesta permitiría a los transportistas autorizados recuperar parte de los gravámenes incluidos en el precio del diésel, entre ellos determinados impuestos especiales, el recargo sobre el combustible y la tasa de emisiones.
Si la creación de un sistema permanente requiere demasiado tiempo, ZSPD plantea una solución provisional: una subvención directa por cada litro de diésel, siguiendo el modelo disponible para los agricultores.
El sector también solicita reducir temporalmente algunos cargos y permitir que las empresas cuya situación financiera se haya deteriorado por el encarecimiento del combustible aplacen el pago de las cotizaciones sociales y los impuestos.
Según ZSPD, el diésel representa actualmente entre el 35 y el 40 % de los costes operativos de las empresas de transporte.
La Cámara de Comercio del Norte, con sede en Szczecin, ha presentado su propio paquete de propuestas. Incluye reducir temporalmente la carga fiscal del combustible, crear medidas de protección específicas para las empresas que consumen más carburante, permitir el aplazamiento de obligaciones públicas y mejorar la transparencia de los precios en las estaciones de servicio.
Alemania: 1.800 euros más por camión cada mes
El transporte alemán reclama medidas similares. La asociación Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung se ha dirigido directamente al canciller Friedrich Merz.
BGL calcula que, desde la última escalada del conflicto en Oriente Medio, el precio del diésel en Alemania ha aumentado alrededor de 60 céntimos por litro antes de impuestos. Para un camión que recorre 10.000 kilómetros al mes y consume unos 3.000 litros de combustible, esto supone 1.800 euros adicionales al mes por vehículo.
En una flota de 50 camiones, la asociación estima que el sobrecoste alcanzaría 90.000 euros mensuales, o 1,08 millones de euros al año.
BGL también reclama la creación de un sistema de diésel profesional. La asociación señala que ya existen mecanismos de este tipo en países como Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Eslovenia y Hungría, donde las empresas que cumplen determinados requisitos pueden recuperar parte de los impuestos incluidos en el precio del combustible.
La organización alemana pide además cambios en el régimen de costes asociado a las emisiones de carbono. En cambio, no considera que reducir el IVA del combustible sea una solución eficaz para las empresas que ya pueden recuperar ese impuesto.
España: 720 euros más al mes por vehículo
Las empresas españolas de transporte por carretera también se preparan para nuevos incrementos. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio prevé que, a partir del 1 de octubre, el precio medio de venta del diésel en la península ibérica y las islas Baleares aumente 24,20 céntimos por litro.
CETM ha calculado el impacto para un transportista. Para un camión que consuma alrededor de 3.000 litros de diésel al mes, el incremento supondría para su operador unos 720 euros mensuales más, o más de 8.600 euros al año.
La organización española pide al Gobierno que prorrogue las ayudas al combustible, cuya vigencia termina a finales de septiembre. También defiende mantener la cláusula obligatoria que permite actualizar las tarifas de transporte cuando cambia el precio del diésel.
CETM advierte de que debilitar este mecanismo volvería a trasladar a los transportistas el riesgo derivado de unas variaciones en el precio del combustible que no pueden controlar directamente.
