El 16 de diciembre de 2025, la Comisión Europea dio a conocer su largamente anticipado paquete automotriz, que incluye una propuesta de Omnibus Automotriz diseñada para reducir la carga regulatoria. Aunque el enfoque oficial es industrial y de competitividad, varias de las medidas tienen consecuencias directas para los operadores de transporte por carretera, especialmente en lo relativo a la aplicación práctica de Euro 7 y al marco normativo de las furgonetas eléctricas.
A continuación, un análisis de qué cambia, por qué Bruselas actúa ahora y cómo estas decisiones pueden traducirse en efectos concretos para el sector.
Euro 7: simplificar la carga sin reabrir la batalla política
El segundo gran eje relevante para el transporte por carretera se encuentra en la implementación de Euro 7, no en sus objetivos medioambientales de fondo. Tras meses de críticas por parte de la industria, la Comisión ha optado por ajustes técnicos en lugar de una renegociación política de la norma.
La propuesta Omnibus se concentra en agilizar los requisitos de prueba y de monitoreo que fabricantes y operadores han calificado como costosos y, en algunos casos, redundantes. El objetivo declarado es reducir la complejidad administrativa manteniendo intactos los pilares centrales de la regulación.
En términos prácticos, esto implica:
- reducir capas de pruebas con valor ambiental limitado,
- disminuir la duplicación de ensayos en motores pesados entre distintas variantes de vehículos,
- y clarificar el tratamiento de los datos de monitoreo a bordo y de consumo, para evitar interpretaciones nacionales divergentes.
Para los transportistas, los límites de emisiones y los plazos de cumplimiento no se modifican. Lo que sí cambia es el perfil de riesgo de la transición a Euro 7. Al aliviar las cargas de desarrollo y aprobación, la Comisión pretende evitar aumentos de precios innecesarios y cuellos de botella en el suministro, factores que podrían haber frenado la renovación de flotas en un momento especialmente sensible.
Al igual que ocurre con las exenciones previstas para las furgonetas, los efectos no serán inmediatos. Estos ajustes se irán incorporando a medida que Euro 7 entre en su fase de aplicación, sin reescribir el marco normativo desde cero.
Furgonetas eléctricas: corrigiendo un desajuste regulatorio
Uno de los cambios más tangibles del paquete afecta al tratamiento de las furgonetas de cero emisiones cuyo peso supera las 3,5 toneladas. En muchos casos, estos vehículos cruzan ese umbral no por su carga útil ni por su función operativa, sino por el peso adicional de los sistemas de baterías.
Bajo el marco actual, esta circunstancia ha empujado a muchas furgonetas eléctricas a la categoría regulatoria de vehículos pesados, activando obligaciones pensadas para camiones. Los operadores se han visto sometidos a requisitos de tacógrafo y normas más estrictas de tiempos de conducción y descanso, aun cuando el uso real del vehículo es comparable al de una furgoneta diésel convencional.
La Comisión reconoce ahora de forma explícita este desajuste. En el Omnibus Automotriz propone clarificar la base legal que permite a los Estados miembros eximir a determinadas furgonetas de cero emisiones de obligaciones propias del transporte pesado, especialmente cuando su utilización es similar a la de los vehículos comerciales ligeros.
En lugar de establecer una exención automática a escala de toda la Unión, la propuesta refuerza la discrecionalidad nacional. Los Estados miembros podrán aplicar exenciones con mayor seguridad jurídica, eliminando la incertidumbre que hasta ahora ha disuadido a muchas autoridades de hacerlo. Para los operadores, esto podría eliminar una de las barreras no financieras más persistentes a la electrificación de flotas de reparto de última milla y servicios regionales.
No obstante, cualquier impacto práctico dependerá de dos etapas: la aprobación de la propuesta a nivel europeo y las decisiones posteriores de los gobiernos nacionales. Por ello, debe interpretarse como una corrección estructural a medio plazo, no como un cambio operativo inmediato.
Un cambio de tono: la competitividad entra en el centro del debate
Más allá de las medidas técnicas, el paquete automotriz señala un giro en el énfasis político. Por primera vez desde el lanzamiento de Fit for 55, la Comisión coloca la carga regulatoria y la competitividad en el núcleo de su discurso sobre transporte.
En los documentos explicativos, las normas superpuestas, las exigencias administrativas excesivas y los crecientes costos de cumplimiento se describen abiertamente como riesgos para la base industrial europea y su sistema de transporte. Esto no invalida la legislación vigente, pero sí cambia el contexto en el que se diseñarán y aplicarán las futuras reglas.
Para los operadores, este giro tiene menos impacto en la operativa diaria actual y más relevancia en lo que vendrá. Refuerza el argumento contra nuevas capas regulatorias y sugiere que los próximos ajustes podrían priorizar la practicidad frente a ambiciones simbólicas.
Lo que este paquete no cambia
Conviene ser claros respecto a los límites de la iniciativa. El paquete automotriz no retrasa los plazos de Euro 7, no debilita los objetivos de reducción de CO₂ y no introduce una exención automática para las furgonetas eléctricas en toda la Unión Europea. Su foco está en cómo se aplican las normas, no en abandonar los objetivos políticos ya definidos.
Qué sigue ahora
El Omnibus Automotriz pasa ahora al Parlamento Europeo y al Consejo, donde es previsible la presentación de enmiendas, especialmente en torno al alcance de las exenciones y a los detalles técnicos.
Incluso tras su adopción, los gobiernos nacionales seguirán siendo determinantes para el impacto real de estas reglas en el día a día de los operadores. En particular, las decisiones sobre exenciones para furgonetas eléctricas se tomarán a nivel de los Estados miembros, no en Bruselas.
En última instancia, el paquete debe leerse como una señal de dirección, más que como una solución inmediata. Apunta a una fase más pragmática de la regulación del transporte en la Unión Europea, en la que los efectos concretos se materializarán gradualmente, a través de la implementación, más que mediante titulares de corto plazo.
