A finales de mayo, el Consejo Constitucional anuló el artículo que abría la puerta a eliminar las ZFE al concluir que no se había respetado el procedimiento legislativo. En la práctica, el marco regulatorio se mantiene sin cambios y los operadores deberán seguir trabajando con las condiciones actuales.
El Parlamento había aprobado suprimir las ZFE
En abril, los legisladores adoptaron una ley que incluía la eliminación de las ZFE. El Senado la respaldó por 224 votos frente a 100, un día después de la votación en la Asamblea Nacional.
La iniciativa reavivó el debate político y sectorial. Las ZFE existen en Francia desde 2019 y su alcance se amplió en 2021 con la ley climática. Su objetivo es restringir de forma gradual el acceso de los vehículos más contaminantes a las grandes áreas urbanas para mejorar la calidad del aire.
En ese momento, diversos analistas señalaron que Francia parecía desmarcarse de la tendencia europea, donde este tipo de limitaciones se están extendiendo y endureciendo de forma progresiva.
El Consejo Constitucional frena la derogación
La derogación, finalmente, no llegará a aplicarse. El 21 de mayo, el Consejo Constitucional anuló el artículo que buscaba suprimir las ZFE. Los magistrados concluyeron que la disposición no guardaba una relación directa con el objetivo principal del proyecto de ley —centrado en simplificar la vida económica— y que se incorporó durante la tramitación parlamentaria.
El Consejo lo consideró un «jinete legislativo», es decir, un añadido con un vínculo demasiado débil con la finalidad original de la norma. En términos prácticos, esto significa que las zonas de bajas emisiones en Francia se mantienen y no hay cambios en la normativa actual.
Los transportistas piden reglas claras y estables
La Federación Nacional de Transporte por Carretera (FNTR) subraya que no cuestiona el objetivo ambiental de las ZFE, pero lleva tiempo advirtiendo de los problemas derivados de su aplicación: falta de criterios homogéneos en todo el país, calendarios distintos según el área metropolitana, exenciones que varían entre territorios y ayudas insuficientes para afrontar el coste de renovación de flotas.
«FNTR nunca ha puesto en duda el objetivo medioambiental de esta medida. Pero hemos señalado de forma constante dificultades prácticas: ausencia de armonización a nivel nacional, calendarios de implantación diferentes según la metrópoli, exenciones distintas entre territorios y falta de ayudas adecuadas para las empresas», afirma la federación.
Inversiones ya realizadas para modernizar las flotas
La FNTR recuerda que muchas empresas ya han realizado inversiones relevantes para adaptar sus vehículos a las exigencias ambientales. En algunos casos, la compra de unidades nuevas o la actualización del equipamiento existente ha supuesto desembolsos de cientos de miles de euros. Por ello, para numerosas compañías, la estabilidad y la previsibilidad del marco legal son factores clave a la hora de planificar la transición.
«La decisión del Consejo Constitucional mantiene el marco regulatorio actual de las ZFE en un momento en el que las empresas buscan, ante todo, estabilidad, previsibilidad y apoyos concretos para llevar a cabo la transición energética de forma eficaz», añade la organización.
El debate sobre las ZFE sigue abierto
Aunque el intento de eliminar las zonas de bajas emisiones ha fracasado, el debate sobre su futuro sigue abierto. La FNTR asegura que continuará defendiendo una transición verde que combine los objetivos ambientales con la realidad económica del transporte por carretera.
Por ahora, Francia mantiene las ZFE, un sistema que hace solo unas semanas parecía encaminado a su desmantelamiento. El foco vuelve a situarse en la aplicación práctica de las reglas y en qué tipo de apoyos debería existir para las compañías que afrontan una modernización de flota costosa.
En un contexto de transición energética, esa modernización también está condicionada por los costes operativos que siguen presionando al transporte por carretera en Europa.
