Las nuevas disposiciones forman parte de un proyecto de ley más amplio sobre la “simplificación de la vida económica” que —aunque formalmente trata de desregulación— en la práctica abre un nuevo capítulo en el enfoque del Estado hacia la política medioambiental y la movilidad.
El fin de las ZFE tras años de disputas
Tras un largo y turbulento proceso legislativo, el Parlamento francés ha aprobado por fin una ley que suprime las zonas de bajas emisiones. El Senado la respaldó por 224 votos frente a 100, un día después de una votación previa en la Asamblea Nacional. Las ZFE, introducidas en 2019 y ampliadas en 2021, tenían como objetivo restringir los vehículos más contaminantes, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. Su finalidad era mejorar la calidad del aire y forzar cambios en la estructura del transporte urbano. En la práctica, sin embargo, el sistema generó una fuerte controversia desde el principio: fue criticado por sus costes sociales y económicos, y algunos diputados argumentaron que cargaba de forma desproporcionada a los hogares con menores ingresos, que no pueden sustituir rápidamente los vehículos antiguos.
La decisión de abolirlas ha dividido el panorama político, incluida la propia mayoría gobernante. El Gobierno intentó suavizar las normas, entre otras cosas cediendo la toma de decisiones a las autoridades locales, pero sin éxito.
Francia va a contracorriente de la tendencia europea
En el contexto de la Unión Europea en su conjunto, la decisión de Francia rompe claramente con la tendencia predominante en Europa. Desde hace más de una década, la dirección dominante de la política de transporte y medioambiental ha sido inequívoca: ampliar y endurecer las zonas de bajas emisiones, no desmantelarlas.
En Alemania, el sistema Umweltzone cubre la mayoría de las grandes ciudades y se ha ido endureciendo con el tiempo. Italia ha ampliado de forma constante las zonas en Milán y Roma. El Reino Unido está desarrollando la ULEZ de Londres, y los países del Benelux están restringiendo de manera sistemática el acceso de los vehículos más antiguos. En este contexto, una abolición completa de un sistema nacional de ZFE sería algo sin precedentes en una gran economía de la UE. En otros lugares, lo que se ha visto son ajustes —periodos de transición más largos, exenciones para determinados grupos o parámetros más flexibles—, pero no la retirada total de esta herramienta. Esa es una diferencia importante. Europa ha visto casos en los que la política climática se ha “diluido” bajo presión social, pero la decisión de Francia es el primer giro tan claro a nivel nacional y a esta escala.
El transporte por carretera gana algo de margen
Desde la perspectiva del sector TSL, la supresión de las ZFE significa principalmente una menor presión regulatoria sobre los transportistas por carretera, especialmente aquellos que operan en el tráfico urbano y en la distribución de última milla. Hasta ahora, las normas obligaban a las empresas a invertir en flotas de menores emisiones o a reorganizar las operaciones logísticas. En la práctica, esto se traducía en mayores costes, particularmente para los operadores más pequeños y los transportistas que utilizan vehículos más antiguos. Por lo tanto, eliminar las zonas podría mejorar a corto plazo la disponibilidad de servicios de transporte y reducir los costes operativos, pero también plantea interrogantes sobre la dirección de la transformación del sector a más largo plazo.
La calidad del aire, en entredicho
Los expertos no dudan de que las ZFE contribuyeron a mejorar la calidad del aire. Los datos muestran que en Lyon las emisiones de óxidos de nitrógeno vinculadas al tráfico rodado cayeron un 17% entre 2018–2021, mientras que en Londres las concentraciones de dióxido de nitrógeno disminuyeron un 44% desde 2019. En este contexto, abolir las zonas podría ralentizar las tendencias medioambientales positivas, aunque los efectos exactos también dependerán de otros factores como los precios del combustible o el desarrollo del transporte público. Lo que está en juego es mucho.
La contaminación del aire sigue siendo una de las principales causas de muertes prematuras en Europa. Solo en Francia, se asocia a alrededor de 40.000 casos de este tipo al año, y en toda la Unión Europea, al menos a 239.000.
España: expansión y endurecimiento de las zonas urbanas de bajas emisiones
En este contexto, la situación en España sigue una dirección opuesta a la francesa. El país avanza hacia la ampliación y el endurecimiento progresivo de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), impulsadas por la legislación nacional sobre calidad del aire y movilidad urbana sostenible.
Las principales ciudades ya han implementado o están desarrollando estos sistemas. Madrid cuenta con su ZBE de referencia, Madrid 360, que ha ido restringiendo progresivamente el acceso de los vehículos más contaminantes al centro urbano. Barcelona, por su parte, opera una de las zonas de bajas emisiones más amplias del sur de Europa, que afecta a buena parte del área metropolitana.
Otras ciudades españolas, como Valencia, Sevilla o Bilbao, también han introducido o están ampliando sus propias ZBE, en muchos casos ampliando perímetros y endureciendo los criterios de acceso para vehículos diésel antiguos.
El modelo español se caracteriza por una implementación progresiva pero constante: restricciones cada vez más amplias, criterios de acceso más estrictos y una integración creciente con políticas de transporte público y electrificación del parque móvil. En la práctica, esto sitúa a España dentro de la tendencia dominante en la Unión Europea, en contraste con el giro regulatorio observado en Francia.
