Las claves del caso:
- El transportista cuestionó cargos de combustible por 96.382,84 euros, incluidos en facturas que sumaban 137.277,39 euros.
- El tribunal consideró que, según el contrato, la empresa debía asumir las operaciones no autorizadas hasta comunicar el problema.
- La compañía no disponía de un registro completo de los usuarios de cada tarjeta y algunas se guardaban dentro de los vehículos.
- Aunque podía revisar los movimientos en un portal en línea y bloquear tarjetas sospechosas, el tribunal concluyó que no lo hizo con la frecuencia necesaria.
El litigio enfrentó a una empresa neerlandesa de transporte con los operadores que le habían facilitado las tarjetas de combustible. La sentencia publicada no identifica a ninguna de las partes.
En 2022, el transportista detectó que personas no autorizadas habían utilizado tarjetas emitidas a nombre de la compañía. Nadie discutió que se hubieran producido operaciones fraudulentas. La cuestión decisiva era quién debía hacerse cargo de las pérdidas económicas.
La empresa no sabía quién tenía cada tarjeta
Los documentos judiciales describen importantes deficiencias en el control interno. La compañía no contaba con un registro fiable que indicara qué persona tenía cada tarjeta ni dónde se guardaba. Algunas desaparecieron sin que se notificara oficialmente su pérdida, ciertos conductores acumulaban varias y otros las dejaban dentro de los camiones.
La falta de control era relevante porque las condiciones de uso obligaban al cliente a proteger las tarjetas. No podían dejarse en los vehículos ni entregarse a terceros, y los usuarios también debían mantener a salvo sus códigos PIN.
Además, el transportista recibía facturas semanales y tenía acceso a un portal en línea para consultar las operaciones realizadas.
A juicio del tribunal, la empresa debería haber llevado, como mínimo, un listado actualizado de los titulares, fijado normas claras para guardar las tarjetas y revisado los movimientos de forma periódica.
Las facturas superaban los 137.000 euros
El operador de las tarjetas facturó a la compañía 137.277,39 euros en total. El transportista sostenía que no debía abonar 96.382,84 euros de esa cantidad porque, según alegó, sus empleados no habían realizado esas compras de combustible.
La empresa también acusó al operador de no haber actuado con la diligencia necesaria al no alertarla sobre movimientos inusuales. Incluso planteó que personas vinculadas al proveedor podían haber participado en el fraude.
El tribunal consideró que esa posible implicación no había quedado demostrada. También observó contradicciones en las cifras comunicadas. Durante el proceso, el transportista habló de diez tarjetas y pérdidas superiores a 96.000 euros. Sin embargo, la denuncia presentada ante la policía mencionaba tres tarjetas y un perjuicio estimado bastante menor.
El contrato fijaba quién asumía la responsabilidad
Las condiciones generales del servicio fueron determinantes para resolver el conflicto.
Según esas cláusulas, el usuario respondía de las obligaciones derivadas del uso de la tarjeta y del PIN. Los cargos realizados con una tarjeta perdida, robada o utilizada de forma indebida seguían siendo responsabilidad del cliente hasta que este comunicara el incidente al operador.
El tribunal destacó que el acuerdo se había firmado entre profesionales y estaba redactado de forma clara. Por ello, no encontró motivos para trasladar al proveedor las consecuencias económicas del uso indebido.
Tampoco apreció pruebas de que el operador hubiera incumplido sus obligaciones contractuales por negligencia. En cambio, atribuyó las deficiencias a la propia empresa de transporte.
El recurso fue desestimado y se confirmó la resolución anterior. El transportista deberá pagar todas las facturas y, además, 4.755 euros en costas del recurso.
Una tarjeta de combustible también implica riesgos de control
La sentencia no significa que las empresas de transporte deban asumir automáticamente cualquier pérdida causada por un fraude con tarjetas. La responsabilidad dependerá del contrato, de la actuación de cada parte y de las circunstancias concretas en las que se produjo el uso indebido.
El caso pone de relieve la importancia de controlar las tarjetas de combustible en las empresas de transporte.
Demostrar que un empleado no compró el combustible puede no ser suficiente para impugnar una factura. Cuando el contrato atribuye al cliente el riesgo de las operaciones no autorizadas, también se analiza la eficacia de sus propios controles: cómo protegió las tarjetas y los PIN, si sabía quién utilizaba cada medio de pago, con qué frecuencia revisaba las operaciones y cómo reaccionó ante las irregularidades.
En la práctica, las tarjetas de combustible deberían gestionarse como cualquier tarjeta de pago corporativa. Disponer de un registro de usuarios, prohibir que se guarden en los vehículos, establecer límites por operación, activar alertas, revisar periódicamente los repostajes y bloquear de inmediato las tarjetas sospechosas puede influir tanto en el alcance del fraude como en quién termina asumiendo sus costes.
