Según informó la DGT, en 2025 se impusieron 1803 sanciones erróneas por supuestas violaciones a las prohibiciones de circulación de vehículos pesados.
El caso salió a la luz tras una denuncia de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer), que en agosto presentó una queja formal ante el Defensor del Pueblo. La organización acusó a la DGT de imponer sanciones de manera automática basándose únicamente en fotografías tomadas por las cámaras de control instaladas en las carreteras.
El organismo no verificó si los camiones sancionados estaban realmente sujetos a la prohibición, lo que derivó en multas a vehículos legalmente exentos, como los dedicados al transporte de alimentos perecederos, animales vivos o asistencia en carretera.
Fenadismer advirtió que los conductores y transportistas se vieron obligados a demostrar su inocencia, y que si no se presentaba una apelación dentro del plazo establecido, la sanción se consideraba firme, incluso cuando no existía infracción real. Según la federación, un sistema basado exclusivamente en el reconocimiento automático de matrículas vulnera el principio de presunción de inocencia.
DGT niega… y admite indirectamente
El asunto llegó al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que solicitó explicaciones al Gobierno sobre las prácticas de la DGT. En su respuesta, el organismo negó la existencia de abusos, argumentando que el procedimiento sancionador “proporciona las garantías legales necesarias” y permite a los conductores presentar alegaciones.
Sin embargo, la propia DGT reconoció que desde principios de 2025 se emitieron injustamente 1803 multas, y que todo el proceso se basó en el sistema de cámaras que supervisa el tráfico de camiones. El organismo aseguró que, tras la toma de imágenes, realiza un “filtrado posterior de matrículas” para reducir posibles errores.
Aun así, los datos revelan que cientos de transportistas y conductores ya se han visto obligados a recurrir las sanciones, en procedimientos que implican tiempo y costes adicionales. La DGT confirmó además que no anulará las multas de oficio, por lo que los afectados deberán iniciar las apelaciones por cuenta propia.
Transportistas: “Una vulneración de derechos fundamentales”
Fenadismer sostiene que estas prácticas privan a los transportistas de garantías legales básicas, y denunció que se está “privando al sector de las garantías mínimas y del principio de presunción de inocencia”, cuestionando así la fiabilidad de los sistemas automáticos de vigilancia en España.
La federación espera aún una respuesta del Defensor del Pueblo, reclamando a la DGT modificaciones urgentes en sus procedimientos y la anulación de las sanciones impuestas erróneamente.
¿Qué futuro le espera a la vigilancia automática?
Cada año, la DGT publica un calendario de restricciones de circulación para camiones durante los días de mayor afluencia de tráfico, como puentes festivos o vacaciones. Sin embargo, la normativa contempla numerosas excepciones para vehículos que realizan transportes esenciales para la economía.
El caso de las multas automáticas pone de manifiesto que la falta de supervisión humana y tecnológica rigurosa puede derivar en abusos y socavar la confianza pública en la administración.
Aunque la DGT reconoció oficialmente los errores, la carga de corregirlos recae sobre los propios transportistas. Para muchos de ellos, esto no solo implica pérdida de dinero y tiempo, sino también una constatación de que la digitalización de los sistemas sancionadores, sin las debidas garantías, puede convertirse en una fuente de injusticia, en lugar de una herramienta para mejorar el orden y la seguridad vial.
