El conflicto pone de relieve un problema que afecta directamente al transporte por carretera en España y Europa, ya que los sistemas automatizados de sanciones generan indefensión en el sector y cuestionan los principios básicos de los procedimientos sancionadores.
Restricciones con excepciones claras
Cada año la DGT aprueba un calendario de restricciones a la circulación de camiones en fechas críticas para el tráfico rodado: operaciones de salida y retorno en vacaciones de verano, Semana Santa o puentes festivos. El objetivo es garantizar la fluidez y la seguridad vial.
No obstante, estas limitaciones no son absolutas. Existen excepciones para determinados vehículos, como los que transportan alimentos perecederos, ganado vivo o los destinados al auxilio en carretera, entre otros. Estos camiones pueden circular durante los días restringidos sin estar sujetos a sanción.
Multas basadas solo en cámaras
Según Fenadismer, en los últimos años la DGT ha adoptado una política de control que sanciona automáticamente a todos los camiones detectados por las cámaras de control de tráfico. Las denuncias se fundamentan únicamente en las fotografías tomadas, sin verificación posterior que confirme si el vehículo estaba exento de la restricción.
Esto provoca que una gran parte de los camiones que sí cumplen con las excepciones reciban igualmente multas cada vez que circulan en días restringidos. Muchos transportistas se ven obligados a recurrir las sanciones para demostrar que estaban autorizados, con el riesgo de que, por pérdida de notificaciones o plazos, terminen pagando sanciones por infracciones inexistentes.
Además, se dan casos de múltiples sanciones en un mismo día a un mismo transportista por circular en diferentes tramos de carretera bajo restricción.
“Principio de culpabilidad” en lugar de presunción de inocencia
Fenadismer considera que esta actuación constituye una vulneración del principio de presunción de inocencia, pilar fundamental en cualquier procedimiento sancionador. La federación advierte que se está imponiendo un “principio de presunta culpabilidad”, al obligar a los transportistas a demostrar que no han cometido ninguna infracción.
La organización señala que, a diferencia de otras infracciones viales como el exceso de velocidad o el salto de un semáforo en rojo, donde las cámaras sí pueden acreditar el incumplimiento, una simple fotografía no permite verificar si un camión está exceptuado o no de las restricciones.
Denuncia formal ante el Defensor del Pueblo
Ante esta situación, Fenadismer ha interpuesto una denuncia formal y una solicitud de amparo al Defensor del Pueblo. La federación reclama que se ponga fin a lo que califica como “actuación abusiva y contraria a derecho” de la DGT, instando a que el organismo ajuste sus procedimientos a las garantías legales previstas en la normativa sancionadora.
El resultado de esta denuncia podría tener un impacto significativo en la relación entre los sistemas de control automatizados y los derechos de los transportistas en España, y reabrir el debate sobre la necesidad de mecanismos de supervisión más garantistas en el transporte por carretera.
