La intervención tuvo lugar en la autopista A6, a la altura de Sinsheim. Según testigos, el camión circulaba a unos 140 km/h en un tramo con obras. Tras detener el vehículo, la policía revisó la información del tacógrafo digital y, según la información facilitada por los agentes, el registro reflejaba velocidades de hasta 156 km/h.
Para la policía, el episodio no se limita a una infracción de tráfico. También informó de indicios de posible manipulación del tacógrafo, lo que desplaza el asunto a un terreno más delicado: la eventual falsificación de registros técnicos. Como medida cautelar, se intervinieron el permiso de conducir, la tarjeta del conductor y las llaves del vehículo.
El punto clave, sin embargo, aparece cuando no existe una medición directa en carretera. ¿Sirve un registro histórico de velocidad del tacógrafo, por sí solo, para imponer una multa?
Italia: una simple impresión del tacógrafo no bastó
A mediados de junio, un tribunal de Brindisi anuló una sanción a un conductor de camión que se había impuesto exclusivamente a partir de una impresión del tacógrafo digital. El juez consideró que el tacógrafo no está concebido como herramienta para hacer cumplir límites de velocidad, sino, sobre todo, para controlar tiempos de conducción, pausas y descansos conforme al Reglamento (UE) 165/2014.
Dado que la autoridad no aportó pruebas adicionales —por ejemplo, una lectura de radar o de otro sistema de control de velocidad—, la multa quedó sin efecto. El tribunal subrayó que, al ser la impresión del tacógrafo la única evidencia presentada, no resultaba suficiente para atribuir la infracción al conductor.
Esto no implica que en Italia los datos del tacógrafo queden descartados automáticamente. La interpretación sigue siendo objeto de discusión, especialmente porque otra resolución del Tribunal Supremo italiano ha admitido el uso de estos registros como prueba bajo determinadas condiciones.
La Comisión Europea ya se pronunció
La decisión de Brindisi no es un caso aislado en Italia. Parte de la jurisprudencia empezó a moverse tras la intervención de la Comisión Europea en 2020, cuando cuestionó normas que permitían imponer multas de forma rutinaria basándose únicamente en datos del tacógrafo.
Según el criterio de la Comisión, ese enfoque choca con el Reglamento (UE) 165/2014, ya que el tacógrafo se orienta principalmente al control del tiempo de trabajo de los conductores profesionales, y no a la vigilancia general del cumplimiento de límites de velocidad.
En aquel momento, Bruselas instó a Italia a modificar su normativa y advirtió de que, de no hacerlo, el asunto podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Alemania: los datos del tacógrafo pueden contar como prueba, pero no siempre
En Alemania, el enfoque es más matizado. La jurisprudencia de varios Tribunales Superiores Regionales, entre ellos OLG Hamm y OLG Köln, viene aceptando desde hace años los registros del tacógrafo como elemento probatorio en procedimientos por exceso de velocidad. Estas decisiones también apuntan a que la ausencia de una certificación actualizada no elimina automáticamente su valor, aunque debe aplicarse un margen de error a favor del conductor.
Eso no significa, sin embargo, que cualquier registro antiguo vaya a traducirse de forma automática en una sanción. Las resoluciones se centran en si esos datos pueden admitirse en un procedimiento, no en avalar una política de control rutinario basada en análisis posteriores. En la práctica, los servicios alemanes suelen evitar imponer multas solo a partir de lecturas del tacógrafo obtenidas a posteriori, porque el registro no aclara qué límite de velocidad correspondía al lugar y al momento reflejados.
En la A6, el tacógrafo no es la única pieza
El caso de la A6 ilustra por qué el contexto es determinante cuando se recurre a datos del tacógrafo. Aquí, el registro de velocidad es solo una parte de un conjunto más amplio: existía un aviso de testigos sobre una velocidad muy elevada y, durante el control, aparecieron indicios de posible manipulación del dispositivo, un terreno en el que algunos países están endureciendo medidas, con más controles y penas de cárcel.
Esa sospecha de alteración de registros técnicos puede acarrear consecuencias mucho más graves que el propio número de kilómetros por hora. Al mismo tiempo, el episodio refuerza una idea general: que el tacógrafo pueda sostener una acusación por exceso de velocidad depende de la normativa nacional, de los detalles concretos del hecho y de cómo autoridades y tribunales apliquen la ley, en un contexto en el que también se discuten cuestiones como el despliegue de controles remotos a camiones.
