Los fiscales italianos tratan cada vez más partes del modelo laboral en logística como un riesgo sistémico y no como un simple incumplimiento puntual de la normativa. El ejemplo más reciente es el aseguramiento preventivo de 27,3 millones de euros ordenado por el tribunal de Milán contra CEVA Logistics Italia y CEVA Ground Logistics Italy, en una investigación que sostiene que la falsificación de facturas y la subcontratación “simulada” se utilizaron para encubrir lo que los investigadores describen como cesión ilícita de mano de obra.
La medida fue ordenada el 27 de febrero de 2026 y ejecutada entre el 2 y el 3 de marzo por la unidad económico-financiera de la Guardia di Finanza en Milán. Los fiscales investigan presuntas declaraciones fiscales fraudulentas mediante facturas de operaciones inexistentes, vinculadas a contratos de manipulación en almacén y operaciones logísticas que, según los investigadores, “ocultaban” la prestación real de mano de obra.
Lo que hace relevante el caso CEVA es el patrón más amplio que Milán ha ido construyendo durante años: fiscales y policía financiera alegan que las estructuras complejas de subcontratación en almacenes pueden funcionar como “reservorios de mano de obra”, redes de cooperativas y contratistas que emplean formalmente a trabajadores, pero que carecen de la autonomía, organización y riesgo empresarial que normalmente definirían a un subcontratista auténtico.
En estos casos, el supuesto beneficio no es solo mano de obra más barata. Los fiscales sostienen que la estructura permite ventajas fiscales, como deducir costes y recuperar IVA, mientras se trasladan o eluden obligaciones en ámbitos como impuestos, seguridad social y normativa laboral.
Reuters informa que en la investigación sobre CEVA los fiscales examinan la actuación de directivos de ambas empresas junto con las entidades corporativas, considerando el periodo 2020–2024.
Un patrón ya conocido
El aseguramiento contra CEVA sigue un patrón de actuación que ya se ha observado en otras investigaciones italianas de alto perfil. En los últimos dos años, el sector ha vivido una serie de medidas importantes relacionadas con supuestas subcontrataciones y facturación “no genuina”:
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Kuehne+Nagel (abril de 2025): la policía financiera de Milán ejecutó órdenes de aseguramiento por más de 30 millones de euros, incluidos fondos incautados a un cliente, en un caso vinculado a presuntos contratos ficticios de cesión de mano de obra y facturas falsas.
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GXO (julio de 2024): los fiscales abrieron una investigación sobre las operaciones de GXO en Italia, en Lodi, con un aseguramiento de 83,9 millones de euros, relacionado con acusaciones sobre el modelo de “reservorio de mano de obra”.
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Rhenus (julio de 2025): un aseguramiento de 43 millones de euros acompañó acusaciones sobre empresas “filtro” multinivel que emitían facturas por servicios inexistentes; se mencionaron entidades de IKEA como clientes, aunque las autoridades destacaron que no estaban siendo investigadas.
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Turín (septiembre de 2025): un tribunal ordenó 26,5 millones de euros en aseguramientos y supervisión judicial sobre una empresa “filtro”, descrita como un entramado de empresas reservorio, empresas filtro y beneficiarios clientes.
En conjunto, estos casos muestran lo que los fiscales de Milán parecen señalar: la responsabilidad no termina en la “última cooperativa de la cadena”. Las investigaciones examinan cada vez más el nivel del cliente o contratista principal, la estructura contractual y, de forma crucial, el grado de control operativo sobre la plantilla.
Antecedentes de CEVA y contexto estructural
La investigación actual también alcanza a una empresa que ya había pasado por el sistema judicial milanés. Las operaciones de CEVA en Italia estuvieron bajo administración judicial en 2019 en un caso distinto, medida que se levantó posteriormente; CEVA había informado que el tribunal dio por concluido ese procedimiento en 2020 tras implementar cambios en cumplimiento normativo y en la cadena de suministro. Este antecedente refuerza la impresión de que los fiscales perciben un problema estructural persistente en la logística, más que un simple ajuste puntual de cumplimiento.
La discusión política: ¿es demasiado fácil eludir la ley?
Con el incremento de casos, el debate ha pasado de la actuación a la legislación. Tras el caso Rhenus, los políticos del Partido Democrático Maria Cecilia Guerra y Arturo Scotto argumentaron que las normas actuales permiten disfrazar la actividad ilegal de agencia de empleo como subcontratación, citando el artículo 29(1) del Decreto Legislativo 276/2003. Planean reactivar esfuerzos parlamentarios para endurecer la ley y separar con mayor claridad la actividad empresarial genuina de la intermediación laboral.
El argumento jurídico central es el mismo en todos estos casos: un “appalto” (un servicio realmente subcontratado, no una forma encubierta de “alquilar” trabajadores) debería implicar a un contratista que organice recursos, gestione al personal de forma autónoma y asuma el riesgo empresarial. En la práctica, especialistas en derecho laboral señalan que la externalización logística puede difuminar esa línea, especialmente en grandes hubs donde los flujos de trabajo, objetivos y supervisión los define el principal.
Italia ya ha tomado medidas para endurecer parte del marco legal (incluidos cambios destacados en notas informativas y análisis sobre el Decreto-leyfraude laboral 19/2024), pero los críticos advierten que la cuestión clave es si los instrumentos de actuación y ajustes de responsabilidad son suficientes sin una definición más clara de la “línea roja”.
