Según la organización, la decisión se adoptó el 7 de mayo en una reunión extraordinaria de su dirección. UNATRAS insiste en que solo retirará la convocatoria si el Gobierno italiano responde de inmediato a las peticiones del sector, que —denuncian— han sido ignoradas hasta ahora.
Las tres medidas que reclama el sector
UNATRAS pide a la administración tres actuaciones concretas.
La primera: una suspensión temporal de las obligaciones de pago de cotizaciones y seguros, con el objetivo de aliviar la presión sobre empresas con problemas de tesorería.
La segunda: acortar el plazo del mecanismo de “silencio administrativo” en las solicitudes de crédito fiscal (cuando se entiende aprobada una petición si la administración no contesta a tiempo). La asociación quiere que el periodo actual, de 60 días, se reduzca a un máximo de 10 días, al considerar que la espera actual complica innecesariamente la operativa diaria.
La tercera: partidas económicas específicas para las compañías que, pese al contexto adverso, han seguido invirtiendo en seguridad vial y protección medioambiental. La organización afirma que las cuantías ya se han calculado de forma provisional.
El alza del gasóleo, detonante del conflicto
El salto en los precios del diésel es el factor que ha llevado la tensión al límite. UNATRAS advierte de que, para muchas empresas asociadas, trabajar en estas condiciones equivale, en la práctica, a operar con pérdidas.
Los responsables del colectivo subrayan que el sector ha mantenido hasta ahora una actitud responsable para que la cadena de suministro no se detuviera. Sin embargo, si no hay intervención pública, sostienen que numerosas compañías se verán obligadas a parar su actividad.
A su vez, UNATRAS interpreta el silencio de las autoridades como una minimización del problema y alerta de que, si no se corrige, el impacto puede extenderse al conjunto del sistema productivo italiano y restar competitividad al país.
El 6 de mayo, todas las asociaciones nacionales inscritas en el Registro del Transporte por Carretera acordaron remitir una carta a la primera ministra Giorgia Meloni, a los vicepresidentes Matteo Salvini y Antonio Tajani, y al ministro de Economía Giancarlo Giorgetti.
En ese escrito, las organizaciones mencionan la situación derivada de la crisis internacional en Oriente Medio y la tensión que ha trasladado a los mercados energéticos. Además, reclaman una medida fiscal que permita a los transportistas “recuperar íntegramente el impuesto especial no abonado del diésel profesional” correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de marzo y el 22 de mayo de 2026.
Cómo se organizaría la movilización
UNATRAS asegura que la convocatoria se desarrollará respetando la normativa vigente sobre huelgas y el código de autorregulación aplicable. El primer paso serán reuniones interregionales para reforzar la unidad del sector antes del paro.
Las estructuras locales deberán presentar las notificaciones formales ante jefaturas policiales, prefecturas, unidades de policía de tráfico y las organizaciones sindicales locales que representan a trabajadores asalariados.
La huelga irá acompañada de una campaña informativa amplia, con folletos, piquetes en enclaves logísticos clave y comunicaciones a prensa. La organización afirma que, en todas las fases, la seguridad vial y la información clara para los conductores serán prioridades.
El posible impacto en la economía italiana
El riesgo más inmediato apunta al abastecimiento de supermercados y a subidas de precios por falta de producto. Entre el tercer y el quinto día, la presión podría trasladarse a sectores que dependen del just-in-time, como automoción, farmacéutico, electrónica y otras industrias de fabricación rápida. Las plantas sin stock de seguridad podrían verse obligadas a parar o a reducir el ritmo.
Las organizaciones empresariales advierten de que el efecto se notaría sobre todo en entregas más lentas, retrasos en los envíos y posibles interrupciones en la distribución hacia supermercados, empresas y comercios minoristas durante el paro.
