Datos clave:
- Durante un control en la A-23, los agentes de la Guardia Civil descubrieron que parte del tiempo de conducción figuraba en la tarjeta de una persona que no viajaba en el camión.
- Si es declarado culpable de falsedad documental, el conductor podría enfrentarse a entre seis meses y tres años de prisión, además de una multa prevista en el Código Penal español.
- Los investigadores también están analizando la participación del socio comercial de la empresa de transporte, titular de la segunda tarjeta.
La detención se produjo el 4 de noviembre de 2026, durante una inspección de transporte realizada por la Guardia Civil en la A-23, cerca de Almudévar, en la provincia de Huesca. Los agentes comprobaron el cumplimiento de las normas sobre transporte por carretera, incluidos los límites de conducción y los periodos de descanso.
Al revisar los datos del tacógrafo correspondientes a las 24 horas anteriores, los agentes detectaron una discrepancia: varios periodos de conducción estaban atribuidos a una persona que no se encontraba en el vehículo inspeccionado.
El análisis posterior confirmó que el conductor había utilizado dos tarjetas de tacógrafo. Una estaba expedida a su nombre y la otra pertenecía a un socio comercial de la misma empresa de transporte.
Según la Guardia Civil, la segunda tarjeta hacía que los registros aparentaran que dos personas se turnaban al volante. En realidad, solo había un conductor, que habría empleado este sistema para ocultar sus horas efectivas de conducción y seguir circulando más allá de los límites permitidos.
🚛 Un camionero fue detenido en la A-23, cerca de Almudévar (Huesca), por presuntamente manipular el tacógrafo con dos tarjetas de conductor para simular descansos y prolongar su tiempo al volante. El titular de la segunda tarjeta también será investigado. https://t.co/sXJM6qpuFw
— GuardiaCivilZaragoza🇪🇸 (@guardiacivilzg) 12 de noviembre de 2026
No es solo una multa: el camionero se enfrenta a hasta tres años de prisión
La Guardia Civil detuvo al hombre, de 58 años, como sospechoso de un presunto delito de falsedad documental. Los artículos 392 y 390 del Código Penal español contemplan para este tipo de conducta una pena de entre seis meses y tres años de prisión, además de una multa calculada mediante cuotas diarias durante un periodo de seis a doce meses.
La detención no implica que el conductor haya sido condenado. Por ahora, las autoridades investigan un presunto delito. No obstante, el Tribunal Supremo español ya ha confirmado que la manipulación deliberada del tacógrafo puede tener consecuencias penales.
En una sentencia dictada el 15 de enero de 2020, el tribunal concluyó que intervenir intencionadamente el tacógrafo para falsear los registros de conducción puede constituir un delito de falsedad documental. En aquel caso, se utilizó un imán para que el dispositivo registrara descanso mientras el camión seguía circulando. El conductor fue condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros.
Aquella resolución dejó claro que falsear los datos del tacógrafo no tiene por qué considerarse únicamente una infracción de las normas sobre conducción y descanso. Según las circunstancias, también puede constituir un delito.
¿Puede responder penalmente el titular de la segunda tarjeta?
El caso de la A-23 plantea otra cuestión relevante: la tarjeta utilizada por el conductor detenido pertenecía a un socio comercial de la misma empresa. La Guardia Civil ha señalado que también investigará el papel de esta persona. Será necesario determinar si entregó la tarjeta de forma consciente y si conocía el uso que se pretendía hacer de ella.
El simple hecho de que un conductor haya utilizado la tarjeta de otra persona no demuestra automáticamente la responsabilidad penal de su titular.
Sin embargo, si los investigadores acreditan que el titular participó deliberadamente en la falsificación de los registros, la Fiscalía podría valorar si actuó como coautor o si prestó una ayuda consciente para cometer el presunto delito.
Para las empresas de transporte, el mensaje es claro: las consecuencias de manipular el tacógrafo pueden alcanzar a más personas que al conductor interceptado durante el control.
No es el primer caso de este tipo en España. En junio de 2026, trans.info informó de una investigación en Galicia en la que la Guardia Civil detectó una manipulación del tacógrafo mediante un imán. Tanto el conductor como la persona que gestionaba la empresa de transporte fueron acusados de falsedad documental.
Eso no significa que el propietario de una empresa responda penalmente por cualquier infracción cometida por un empleado. La cuestión decisiva es si participó de forma consciente en la manipulación.
Prisión y multas elevadas: cómo se castiga la manipulación del tacógrafo en Europa
El caso español no es excepcional. En varios países europeos, manipular deliberadamente un tacógrafo puede dar lugar a un procedimiento penal. Las consecuencias dependen del país, del método empleado y de la calificación jurídica de la conducta.
En Francia, falsear datos electrónicos o modificar ilegalmente los equipos de control puede conllevar hasta un año de prisión y una multa de 30.000 euros. También existen sanciones específicas por utilizar de forma indebida las tarjetas de conductor, incluida la conducción con una tarjeta expedida a nombre de otra persona.
En Suecia, las normas introducidas el 1 de agosto de 2026 prevén una multa o hasta un año de prisión por manipular el tacógrafo. La responsabilidad puede alcanzar no solo a quienes falseen los datos, sino también a las personas implicadas en la fabricación o distribución de dispositivos diseñados para manipularlos.
En Polonia, manipular un tacógrafo también puede tener consecuencias penales cuando afecta a la lectura del cuentakilómetros o a la medición correcta del kilometraje del vehículo. El artículo 306a del Código Penal contempla penas de entre tres meses y cinco años de prisión. La misma responsabilidad puede aplicarse a quien ordene realizar la manipulación.
En Italia, intervenir deliberadamente los equipos de control puede acarrear sanciones administrativas y responsabilidad penal. En determinadas circunstancias, pueden aplicarse las normas relativas a la retirada o desactivación de dispositivos de seguridad destinados a proteger a los trabajadores frente a accidentes, con penas de hasta cinco años de prisión.
En Eslovenia, el impacto económico puede ser especialmente elevado. En marzo de 2023, la policía informó de la detección de un sensor de movimiento modificado y un microchip en el camión de un transportista extranjero, lo que permitía manipular el tacógrafo a distancia.
Una inspección detallada en un taller autorizado confirmó las irregularidades. En aquel momento, los agentes indicaron que una manipulación demostrada podía dar lugar a multas de hasta 5.000 euros para el conductor y 24.000 euros para la empresa de transporte. Esas cantidades procedían del anuncio de 2023 y no se presentaron como una tarifa vigente aplicable a cualquier tipo de infracción.
El ejemplo esloveno demuestra que manipular un tacógrafo puede tener un impacto económico grave para una empresa de transporte incluso cuando el caso no termina con una condena de prisión.
Las sanciones anteriores no se aplican automáticamente a cualquier irregularidad del tacógrafo. Las circunstancias, el tipo de intervención y las normas aplicables son elementos determinantes.
Los riesgos para los transportistas van mucho más allá de la multa
Falsear los registros del tacógrafo no solo pone en riesgo la seguridad vial. También puede alterar la competencia entre empresas de transporte. Al ocultar las horas reales de conducción, un operador puede realizar servicios incumpliendo unos límites que las empresas que respetan la normativa deben cumplir, obteniendo así una ventaja competitiva injusta.
Para los transportistas, el riesgo no se limita a las sanciones administrativas. Las personas que participen conscientemente en la falsificación de registros pueden enfrentarse también a un procedimiento penal. Si se demuestra esa implicación, la responsabilidad puede extenderse más allá del conductor detenido durante la inspección.
Por eso, las empresas deben controlar no solo que los tacógrafos funcionen correctamente, sino también cómo se utilizan las tarjetas de conductor y si los datos registrados reflejan realmente el trabajo realizado.
El caso de la A-23 demuestra que comparar la información del tacógrafo con las personas que se encuentran realmente en el vehículo puede bastar para descubrir un cambio ficticio de conductor. La investigación abarca ahora tanto el uso de dos tarjetas como el papel del socio comercial al que pertenecía una de ellas.









