En resumen:
- Los grandes fabricantes europeos quieren que la fecha límite de 2030 se traslade a 2033;
- ACEA calcula que las infraestructuras de apoyo acumulan un retraso de al menos tres años;
- Un desfase de tres puntos porcentuales respecto al objetivo podría generar multas por valor de 2.200 millones de euros.
Los máximos responsables de DAF Trucks, Daimler Truck, Ford Otosan, Iveco Group, MAN Truck & Bus, Scania Group y Volvo Group formularon esta petición el lunes durante la feria IAA Transportation, celebrada en Hannover.
Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), solo el 2,4 % de los camiones pesados nuevos matriculados actualmente en Europa son de cero emisiones. En Polonia, España e Italia, la proporción no alcanza el 1 %, mientras que llega al 4,3 % en Alemania y al 2,4 % en Francia.
ACEA sostiene que las condiciones necesarias para que las empresas de transporte incorporen comercialmente camiones eléctricos de batería y propulsados por hidrógeno están «al menos tres años por detrás» del nivel requerido.
Karin Råström, presidenta y consejera delegada de Daimler Truck, además de presidenta de la junta de Vehículos Comerciales de ACEA, señaló que los fabricantes ya han invertido en vehículos de cero emisiones. Sin embargo, el ecosistema necesario para que estas unidades resulten viables para el transporte profesional no se está desarrollando con suficiente rapidez.
A su juicio, la Unión Europea debe acelerar las medidas de apoyo y, al mismo tiempo, aplazar tres años el calendario de cumplimiento previsto para 2030.
Menos de 2.000 cargadores públicos aptos para camiones
La infraestructura de recarga es una de las principales preocupaciones del sector. ACEA afirma que en Europa hay actualmente menos de 2.000 cargadores públicos adecuados para camiones pesados. Para cumplir los objetivos de 2030, calcula que habría que instalar al menos otros 700 cargadores para camiones cada mes.
La red de estaciones de repostaje de hidrógeno está aún menos desarrollada: según la asociación, hay menos de una docena de estaciones adecuadas en funcionamiento. Además, las conexiones a la red eléctrica para nuevos puntos de recarga pueden tardar varios años.
Los fabricantes también reclaman ampliar el uso de peajes viarios vinculados a las emisiones de CO2, modificar las normas europeas sobre pesos y dimensiones para reducir la pérdida de carga útil de los camiones de cero emisiones y destinar una mayor parte de los ingresos procedentes de los peajes y del comercio de emisiones a la infraestructura de recarga y a la adquisición de estos vehículos.
ACEA asegura que los peajes basados en las emisiones de CO2 solo funcionan de forma efectiva en cuatro Estados miembros de la UE. Según los fabricantes, el principal obstáculo para los operadores es económico. Los camiones eléctricos de batería y de hidrógeno siguen siendo más caros de adquirir que sus equivalentes diésel, mientras que el precio de la electricidad y el resto de los costes operativos determinan si la inversión adicional puede recuperarse a lo largo de la vida útil del vehículo.
Multas potenciales de miles de millones
La normativa europea sobre CO2 obliga a los fabricantes a reducir de forma considerable las emisiones medias de los vehículos pesados nuevos durante la próxima década. La legislación establece una reducción general del 45 % a partir de 2030 respecto a los periodos de referencia regulatorios aplicables. El objetivo aumenta al 65 % desde 2035 y al 90 % desde 2040. ACEA cifra en el 43 %, el 64 % y el 90 %, respectivamente, las reducciones que deben alcanzar los fabricantes tomando 2025 como referencia.
Los fabricantes que no cumplan sus objetivos se enfrentan a sanciones económicas. ACEA estima que un incumplimiento de solo tres puntos porcentuales respecto al requisito de 2030 podría traducirse en multas de unos 2.200 millones de euros para el conjunto del sector.
A principios de este año, la UE modificó las normas sobre CO2 aplicables a los vehículos pesados para ofrecer a los fabricantes más margen a la hora de generar créditos de emisiones entre 2025 y 2029. ACEA valoró positivamente el cambio, aunque advirtió de que no resolvía la falta estructural de puntos de recarga, capacidad eléctrica y demanda de camiones de cero emisiones.
La nueva petición amplía el alcance de esa demanda: los fabricantes europeos quieren que el plazo de 2030 pase a 2033. La iniciativa llega mientras Bruselas afronta una presión creciente de la industria automovilística, que pide revisar el ritmo y el diseño de las normas de descarbonización del transporte por carretera.
