En el reportaje se menciona a Samskip, P&O Ferrymasters, DFDS, ECS, CTV y Olof-Mega Travel Trailers.
La actuación se apoya en una figura del derecho civil neerlandés que permite solicitar un embargo preventivo —una medida cautelar— antes de que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Esta medida no implica, por sí sola, que las empresas señaladas hayan sido declaradas responsables; su objetivo es asegurar bienes o créditos y evitar que se transfieran mientras se resuelve el procedimiento.
Lex Lecomte, alto cargo de FNV Transport, explicó que el sindicato espera que los clientes “por fin reaccionen”. “Así saben que, si las cosas salen mal, también tendrán que pagar caro”, declaró a Pointer.
«En Lituania no condujimos nunca»
Pointer habló, bajo condición de anonimato, con varios de los conductores implicados. Relataron que, aunque el contrato se formalizó a través de un empleador lituano, su trabajo se limitó a trayectos en Europa occidental.
Uno de ellos afirmó haber pasado semanas sin cobrar y que, en lugar de facilitarles alojamiento, se les dejaba dormir en la cabina. Otro aseguró que el salario prometido nunca llegó: durante meses, la diferencia entre lo pactado y lo ingresado habría supuesto miles de euros.
De acuerdo con Pointer, la reclamación conjunta de los cuatro conductores asciende ya a 232.000 euros.
La tesis de FNV es que, al realizarse el trabajo en Países Bajos, los conductores tendrían derecho a las tarifas salariales neerlandesas, con independencia del país en el que estuviera registrada la empresa empleadora. El sindicato sostiene que la estructura contractual en Lituania se habría utilizado para eludir esas obligaciones.
Lecomte calificó el presunto esquema en términos contundentes, al considerarlo “un comportamiento puramente criminal”, y defendió que este tipo de fórmulas deben desaparecer del sector. También acusó a los clientes neerlandeses que encargan los servicios de transporte de mirar hacia otro lado ante lo que ocurre en su propia cadena de suministro.
Este tipo de construcciones, por desgracia, son habituales y los clientes en Países Bajos las toleran de forma tácita”, dijo a Pointer. “Esperamos que despierten de una vez, porque la mayoría esconde la cabeza bajo tierra”.
Por qué FNV apunta a los clientes
Uno de los elementos más llamativos del conflicto es el enfoque de la reclamación. En lugar de dirigirse únicamente contra el empleador lituano —que, según FNV, tendría pocos activos y sería difícil de perseguir a nivel transfronterizo—, el sindicato y los conductores han ampliado la reclamación a empresas neerlandesas que, según su versión, encargaron el transporte y se beneficiaron del servicio.
Con esta estrategia, el caso se sitúa en el centro de un debate que lleva años en el transporte por carretera europeo: hasta qué punto un cliente puede desvincularse de posibles abusos laborales cometidos por subcontratistas dentro de su cadena.
El mercado neerlandés —como ocurre en buena parte de Europa occidental— depende en gran medida de la subcontratación internacional. Es habitual que los conductores sean contratados por empresas registradas en Estados miembros con salarios más bajos, mientras acumulan buena parte de sus kilómetros en países con niveles retributivos superiores.
Los sindicatos sostienen que este modelo se utiliza de forma recurrente para rebajar los suelos salariales locales. Por su parte, empleadores y compradores de servicios logísticos suelen argumentar que la subcontratación es una práctica habitual en el transporte internacional y que la responsabilidad jurídica depende de la cadena contractual concreta.
En este caso, la postura de FNV es clara: los clientes neerlandeses no deberían poder desentenderse de los conductores cuyo trabajo se realizó en su beneficio comercial, al margen de lo que refleje la documentación laboral.
Pointer indicó que, antes de publicar el reportaje, solicitó la versión de las empresas citadas. El medio señaló que respondieron “de distintas maneras”, aunque la versión accesible del informe no detalla esas respuestas.
La presión sobre el cumplimiento del salario mínimo y las condiciones laborales también se refleja en la inspección laboral neerlandesa, que en otros casos ya ha aplicado medidas de suspensión por reincidencia.
DFDS rescinde el contrato con la empresa lituana
En una actualización de su informe, Pointer indicó que DFDS había respondido a la demanda de embargo y confirmó la rescisión inmediata de su contrato con la empresa lituana.
La empresa declaró tener «tolerancia cero» ante el dumping social o la explotación laboral y calificó de inaceptables las situaciones en las que no se paga a los conductores subcontratados.
Según Pointer, también se contactó con las demás empresas mencionadas en el informe para obtener sus comentarios.
