Los mayores retos del transporte internacional no se derivan únicamente de la logística, sino sobre todo de la enorme cantidad de normativas y de la compleja documentación necesaria para llevar a cabo las operaciones de transporte. La lista de regulaciones que un transportista debe conocer suele ser mucho más extensa que la aplicable a un empresario que presta servicios en sectores como la construcción o el comercio. Los transportistas están sujetos no solo al Convenio CMR, sino también a las leyes nacionales de transporte, a la normativa de la Unión Europea y a estrictas normas aduaneras y fiscales, así como a las que regulan el cabotaje. A ello se suman los requisitos relacionados con el tiempo de trabajo y la contratación de los conductores, además de la documentación exigida durante las inspecciones. Las normativas complejas son solo una cara de la moneda. Igual de importantes son las disposiciones incluidas en la orden de transporte, que constituyen la base de la relación con el cliente.
Orden de transporte: ¿en qué debes fijarte?
En el transporte, el tiempo es un bien escaso, lo que choca frontalmente con el creciente volumen de contratos. A menudo, una orden de una sola página no es más que una trampa: firmarla implica la aceptación incondicional de unas condiciones generales extensas, ocultas en el sitio web del cargador.
La orden más extensa con la que he trabajado contenía más de 100 puntos repartidos en siete páginas A4 y se parecía más a un contrato hipotecario que a un documento de transporte. Las dificultades se agravan por la barrera del idioma y el complejo “lenguaje jurídico”. Entender contratos extranjeros se complica aún más porque el inglés no se utiliza de forma habitual en todos los mercados. Un ejemplo claro es Francia, donde no conocer el idioma local puede convertirse en un verdadero riesgo legal.
Documentación y recuperación de deudas
Para las acciones de cobro no solo importa la correcta ejecución del transporte. Calcular correctamente la fecha de vencimiento del pago requiere presentar un conjunto completo de documentación conforme a las directrices establecidas en la orden. El desconocimiento de estos detalles es la causa más común de los retrasos en las transferencias. Antes de la fecha de vencimiento, las actividades se centran en auditar la orden, así como en identificar y completar la documentación faltante necesaria para ejecutar el contrato. El plazo para liquidar las obligaciones financieras se cuenta desde el momento en que se entrega el conjunto completo de documentos. Su ausencia bloquea formalmente la posibilidad de reclamar los créditos y aplicar sanciones.
Documentos más solicitados
La mayoría de las órdenes de transporte exigen que el transportista aporte un conjunto completo de documentos originales —la factura, el CMR y la orden de transporte—, con especial énfasis en la legibilidad de las fechas, las firmas y la correcta cumplimentación de los campos clave. Dependiendo del mercado atendido, también es necesario adjuntar documentación local.
En Alemania se requiere el Lieferschein (prueba de entrega) y el Palettenschein (recibo de palés, exigido independientemente de cualquier disposición sobre el intercambio de palés); en Francia, la Attestation de paiement (certificado de pago); y en los países del antiguo bloque del Este, el certificado de residencia fiscal CFR-1. Para el transporte fuera de la Unión Europea, también es necesario aportar la documentación aduanera completa, incluidos los documentos EX, T1 o e-dec.
¿Cómo evitar el problema?
La clave para cobrar a tiempo es entregar la documentación completa. Nuestra experiencia demuestra que el cargador rara vez informa de los documentos que faltan, ya que cualquier retraso en las formalidades pospone la fecha de la transferencia. Una buena práctica consiste en confirmar con la contraparte, unos días después del envío, que la documentación está completa. Esto permite evitar sorpresas desagradables, como una solicitud repentina de una factura en doble divisa y una nueva prórroga del pago por otros 60 días.
También es fundamental tener en cuenta que, gracias a una legislación adecuada, los costes de la recuperación de deudas pueden repercutirse al deudor, proporcionando a las empresas mayor seguridad financiera sin cargas adicionales.
