El Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia (MIT) ha intervenido para poner fin a meses de incertidumbre en torno a la nueva ley de compensación por tiempos de espera de camiones. Una nueva circular emitida el 4 de noviembre confirma que la tarifa de 100 euros por hora de retraso durante la carga y descarga es obligatoria y no deja margen a la interpretación.
La norma se introdujo a principios de este año bajo el Decreto de Infraestructura y entró en vigor en el verano de 2025. Obliga a los clientes a pagar a los transportistas 100 euros por cada hora o fracción de hora de espera más allá de un período de gracia de 90 minutos en los lugares de carga o descarga. Tanto el cargador como la parte responsable de la carga son corresponsables del pago.
Aunque la ley fue concebida para fortalecer la posición de los transportistas y reducir los tiempos de espera excesivos, su implementación se ha visto marcada por disputas entre empresas de transporte, operadores logísticos y terminales portuarias. Las asociaciones de transportistas acusaron a algunas instalaciones de ignorar o posponer su aplicación, mientras que los terminales señalaron ambigüedades sobre cómo debía aplicarse la norma: por ejemplo, si los 90 minutos incluían la carga física y cómo debían contabilizarse los pequeños excesos.
La nueva circular del MIT, firmada por el jefe del departamento Stefano Fabrizio Riazzola, responde a estas interpretaciones contradictorias y aclara los puntos clave:
Los 90 minutos se aplican solo al tiempo de espera
El Ministerio confirma que el período de gracia de 90 minutos se refiere únicamente al tiempo de espera y no incluye el tiempo requerido para las operaciones efectivas de carga o descarga. Una vez iniciadas dichas operaciones, se tratan por separado según lo establecido en el contrato.
Los 100 euros se aplican incluso a pequeños excesos
El MIT especifica que la indemnización de 100 euros se debe íntegra, incluso si el retraso es inferior a una hora. No existe un cálculo proporcional. La misma regla se aplica cuando el tiempo necesario para las operaciones físicas excede el período acordado en el contrato.
La circular elimina cualquier ambigüedad sobre posibles períodos de gracia adicionales: si se supera el tiempo establecido en el contrato para la carga o descarga, la compensación de 100 € se aplica de inmediato, sin ningún nuevo período de tolerancia.
Se recuerda a los transportistas que la compensación no procede si el retraso es atribuible a ellos. El Ministerio reconoce que herramientas digitales como tacógrafos y sistemas GPS pueden utilizarse para demostrar la hora de llegada del vehículo al punto de carga o descarga.
El contrato escrito sigue siendo esencial
El MIT enfatiza la importancia de un contrato de transporte por escrito, en el que deben detallarse con precisión la ubicación de carga o descarga, los procedimientos de acceso de los vehículos y el tiempo acordado para las operaciones. La circular también recomienda incluir una descripción clara de cómo se certifican dichos acuerdos.
Una aclaración importante se refiere a las derogaciones contractuales: si bien eran posibles bajo la versión anterior de la ley, el marco actual ya no las permite. La compensación de 100 euros/hora no puede ser renunciada ni modificada por acuerdo entre las partes.
Responsabilidad conjunta y definición de fuerza mayor
La circular reitera que el cliente (committente) y el cargador (caricatore) son solidaria y conjuntamente responsables de pagar la compensación al transportista, sin perjuicio de su derecho de recurso contra la parte realmente responsable del retraso.
El MIT también recomienda que los contratos definan explícitamente qué constituye fuerza mayor y especifiquen quién es responsable de las operaciones de carga y descarga, con el fin de evitar futuras disputas.
Por qué es importante
Para los transportistas extranjeros que operan en Italia, esta aclaración ofrece mayor seguridad jurídica y garantiza que la compensación por tiempos de espera pueda hacerse valer en todo el país. La medida del MIT también refleja una posición más firme en favor de la protección del bienestar de los conductores y de la eficiencia operativa, en línea con las iniciativas ya adoptadas en España y Portugal.
Al declarar explícitamente que estas reglas son obligatorias y no pueden eludirse, el Ministerio busca poner fin a un período de confusión que ha interrumpido las cadenas de suministro y tensionado las relaciones entre transportistas y clientes.
