Una de las medidas que más debate genera es que la policía pueda realizar un cacheo al conductor cuando existan indicios fundados de que se está utilizando en el tacógrafo la tarjeta de otro conductor. Esta actuación quedaría limitada a inspecciones en carretera y solo se aplicaría cuando haya señales concretas de irregularidad, por ejemplo, a partir de información detectada en los datos registrados por el propio equipo.
El texto subraya que no bastará con una sospecha genérica. Para intervenir, las autoridades deberán contar con motivos que apunten a una manipulación u otro abuso grave. Además, el cacheo deberá hacerse con la máxima discreción posible, respetando la privacidad del conductor y, siempre que sea viable, con un testigo presente.
Solo la policía podrá registrar: los inspectores se quedan fuera
Durante la tramitación, el Gobierno ha descartado una idea inicial: ampliar también a los inspectores la capacidad de registrar vehículos. Tras la revisión jurídica, las facultades de registro e incautación seguirán siendo exclusivas de la policía.
Los inspectores y otros organismos de control mantendrán las comprobaciones habituales en carretera. Sin embargo, las actuaciones que afectan a la intimidad —como registrar un vehículo o cachear a una persona— quedarán reservadas a agentes policiales.
Más castigo por manipulación grave del tacógrafo: la cárcel entra en juego
Junto a los nuevos poderes de control, Suecia quiere elevar las sanciones penales por manipular el tacógrafo. Para los supuestos más graves, el borrador prevé no solo multas, sino también penas de prisión de hasta un año.
La responsabilidad no recaería únicamente en los conductores. También alcanzaría a quienes participen en la fabricación, venta o distribución de dispositivos y “soluciones” pensadas para eludir los sistemas que registran los tiempos de conducción y descanso.
El objetivo es actuar sobre toda la cadena: desde quien utiliza el método hasta quienes suministran las herramientas ilegales.
Fecha prevista de entrada en vigor: 1 de julio de 2026
Según el borrador del Gobierno, el paquete de cambios sobre fraude del tacógrafo y refuerzo de la capacidad de actuación entraría en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de ese momento, la policía dispondría de instrumentos adicionales para mejorar la detección de infracciones graves en el transporte por carretera.
Más margen ante errores menores
Mientras se endurece el enfoque frente a las infracciones más serias, Suecia mantiene una línea más flexible para los incumplimientos de menor entidad. Desde comienzos de 2026 está en marcha un sistema que, en determinadas circunstancias, permite sustituir la sanción económica por un aviso cuando la entidad de la infracción lo justifica.
La idea es evitar que pequeños fallos terminen automáticamente en multa y, al mismo tiempo, mejorar la comprensión de la normativa por parte de los transportistas. Eso sí: los avisos también cuentan en la calificación de riesgo de las empresas y pueden influir en la frecuencia con la que se las controla.
En España, el fraude del tacógrafo ya se aborda por la vía penal
En Europa ya existen precedentes de una postura similar. España es uno de ellos: desde 2020, la manipulación del tacógrafo dejó de tratarse como una infracción administrativa para considerarse falsificación documental.
El cambio llegó tras una sentencia del Tribunal Supremo, que entendió que interferir en el tacógrafo —por ejemplo, mediante el uso de un imán— equivale a alterar registros oficiales. Con ello, se facilitó la vía de la persecución penal.
En la práctica, allí los conductores pueden enfrentarse a hasta tres años de prisión, y no solo a multas como ocurría antes. En una resolución, el Supremo condenó a un conductor a seis meses de cárcel y una multa de mil ochenta euro.
Además, los empleadores también pueden ser considerados responsables si se sospecha que participaron en la manipulación o la consintieron.
La idea es evitar que pequeños fallos terminen automáticamente en multa y, al mismo tiempo, mejorar la comprensión de la normativa por parte de los transportistas. Eso sí: los avisos también cuentan en la calificación de riesgo de las empresas y pueden influir en la frecuencia con la que se las controla.
