El cambio no significa que la ley se haya suavizado, sino un nuevo enfoque sobre cómo se aplica. En lugar de una sanción económica automática, la autoridad puede –en determinadas situaciones– limitarse a emitir una advertencia si considera que es una respuesta adecuada a la gravedad de las infracciones y a las circunstancias del caso.
20 infracciones y una sanción de más de 50.000 SEK
El caso afecta a una pequeña empresa de transporte de la región de Västmanland. La inspección de la empresa se llevó a cabo en el invierno de 2024/2025. Durante la misma, se identificaron un total de 20 infracciones de la normativa sobre tiempos de conducción y el uso de tacógrafos – informa el portal sueco trailer.se.
Entre las irregularidades figuraban, entre otras cosas, la falta de datos de la tarjeta del conductor durante cuatro días y cinco casos de conducción de un vehículo con el tacógrafo sin comprobar. El inspector también señaló otros problemas, como la gestión incorrecta de la tarjeta del conductor y de los conmutadores, así como la falta de indicación del país en el que se inició o finalizó el trabajo.
El valor total de la sanción administrativa podría haber superado los 50.000 SEK (aprox. 4.700 euros) No obstante, Transportstyrelsen (la Agencia Sueca de Transporte) concluyó que, en este caso, una advertencia sería una respuesta suficiente en lugar de una sanción económica. La decisión ha adquirido firmeza.
Según la autoridad, esta es una de las primeras decisiones dictadas en virtud de la nueva normativa.
Nuevas normas de control desde el 1 de enero de 2026
El cambio está en vigor desde principios de 2026 y afecta a la forma en que se hace cumplir la normativa sobre tiempos de conducción, periodos de descanso y tacógrafos. La autoridad de supervisión ahora puede evaluar si una sanción económica está justificada en un caso concreto o si una advertencia será suficiente.
El nuevo enfoque responde a preocupaciones de larga data del sector del transporte, que señalaba que el sistema anterior era demasiado automático y no siempre tenía en cuenta la magnitud de las infracciones ni su contexto.
El objetivo de los cambios es permitir que los operadores comprendan realmente los errores cometidos e implementen acciones correctivas, en lugar de verse inmediatamente cargados con una sanción económica.
Una advertencia no significa que no haya consecuencias
Aunque la decisión de abstenerse de imponer una sanción económica puede considerarse un enfoque más flexible, la autoridad subraya que una advertencia también es una medida administrativa y conlleva consecuencias.
Puede emitirse en relación con una infracción única, un conjunto de infracciones o como resultado de todo un procedimiento de inspección. Es importante que una advertencia afecta a la calificación de riesgo de la empresa, que se utiliza en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo para seleccionar a las empresas que serán inspeccionadas.
Un nivel de riesgo más alto implica una mayor probabilidad de nuevas inspecciones.
Las inspecciones pueden durar más
La introducción de las nuevas normas también supone un cambio en la práctica de las inspecciones. Cada infracción debe evaluarse individualmente en función de su gravedad y de las circunstancias. Esto, a su vez, puede prolongar los procedimientos, al menos en el periodo inicial tras la entrada en vigor de la nueva normativa.
Según la autoridad, esto forma parte de la construcción de un estándar uniforme para la aplicación de las normas, que a más largo plazo pretende aportar mayor transparencia y previsibilidad a las empresas.
La normativa se mantiene sin cambios
Conviene subrayar que solo se ha modificado la forma de hacer cumplir las normas, no la normativa en sí. Las normas de la UE sobre tiempos de conducción, descansos y ETS2 siguen vigentes sin cambios y tienen por objeto mejorar la seguridad vial, proteger las condiciones de trabajo de los conductores y garantizar una competencia justa.
El ejemplo sueco muestra, no obstante, que la administración puede intentar equilibrar los objetivos de seguridad con la realidad del funcionamiento de las empresas de transporte. Para los transportistas, esto es una señal de que, incluso cuando se detectan infracciones, es posible una respuesta más proporcionada por parte de la autoridad, siempre que la magnitud de las deficiencias y las circunstancias del caso lo permitan.
