Este artículo ha sido traducido automáticamente.
El caso al que se refiere la sentencia se remonta a 2023, cuando un conductor de una empresa de transporte rumana fue inspeccionado en Francia por agentes de la DREAL. Durante la inspección, el agente formuló preguntas al conductor en francés, pese a que éste no hablaba el idioma y sólo se comunicaba en rumano. A pesar de que el conductor exigió la presencia de un intérprete y un abogado, los agentes de la DREAL mantuvieron una conversación utilizando Google Translate haciendo caso omiso de la petición del camionero, informa la organización rumana de transporte UNTRR.
Las actas de los agentes de inspección franceses mostraban que el conductor admitía haber permanecido en la carretera durante más de ocho semanas. Así, confirmó que su empleador, una conocida empresa rumana de transportes, no organizaba el regreso del conductor al país de residencia una vez cada cuatro semanas, como exige la normativa del Paquete de Movilidad.
El conductor negó posteriormente estas afirmaciones durante el juicio. Tras una inspección, el fiscal de Chaumont impuso a la empresa una fianza de 4.500 euros. Posteriormente, la empresa fue condenada por no organizar el trabajo del conductor de forma que pudiera regresar regularmente a su domicilio o a su centro de operaciones, una obligación establecida en los artículos 8 y 8 bis del Reglamento (CE) n.º 561/2006. Este delito está regulado en el artículo L3315-4-1 del Código de Transportes francés y se castiga con hasta un año de prisión y una multa de 30.000 euros”. – reza el comunicado de la UNTRR.
El transportista rumano recurrió la decisión y el Tribunal Penal decidió finalmente absolver al agente legal de la compañía, alegando vicios de procedimiento.
Según el tribunal, el procedimiento iniciado por el agente de la DREAL infringió las disposiciones del artículo 61-1 del Código de Procedimiento Penal francés, que estipula que la persona interrogada debe ser informada de su derecho a la defensa si existen indicios de que se ha cometido un delito. Según las conclusiones del tribunal, el interrogatorio se llevó a cabo utilizando un programa de traducción automática al rumano, sin informar al conductor de sus derechos en una lengua que entendiera.
La decisión también subrayaba que el uso de tal herramienta no permitía verificar la corrección de la traducción. Por lo tanto, el tribunal concluyó que todo el procedimiento, incluida la acusación contra el empresario, estaba viciado jurídicamente y debía anularse.
El tribunal subrayó que la acusación contra la empresa se basaba únicamente en el testimonio del conductor, obtenido sin respetar sus derechos fundamentales. La Fiscalía General ha confirmado recientemente que no recurrirá la decisión”. – concluye la UNTRR.
Otra sentencia de este tipo
No es la primera sentencia de este tipo que se produce en Francia, ni la primera vez que los servicios franceses no siguen las prácticas correctas durante los controles. Cabe recordar que a finales del año pasado se dictó una sentencia similar en el Tribunal de Apelación de París. En aquel momento, el veredicto demostraba que la Inspección de Transportes francesa había vulnerado los derechos de un conductor de una empresa de transportes rumana durante una inspección en carretera en abril de 2021. Durante la inspección, los agentes de la DREAL acusaron al conductor de infringir la normativa sobre tiempo de trabajo: en su opinión, el rumano había registrado deliberadamente sus horas de forma manual para superar los límites de conducción permitidos y beneficiarse de un periodo de descanso semanal reducido en su camión.
También en ese momento, los agentes de la DREAL no utilizaron un intérprete, lo que el tribunal consideró un error de procedimiento en una situación en la que el conductor inspeccionado no entiende francés. Además, el tribunal consideró que el conductor no había sido informado de su derecho a permanecer en silencio, ni de su derecho a que un abogado estuviera presente durante la entrevista. En consecuencia, el tribunal anuló las declaraciones recogidas durante la inspección y dictaminó que el Estado francés debía pagar a la empresa rumana las costas judiciales ocasionadas por el caso.