La votación del jueves en Estrasburgo puso de manifiesto una clara división política, pero también la creciente determinación de los eurodiputados de poner orden en la subcontratación y en la intermediación laboral. Un informe que aboga por una estrategia de la UE para combatir la explotación laboral recibió el apoyo de 332 eurodiputados; 209 votaron en contra y 33 se abstuvieron.
El PE quiere normas más estrictas
El informe adoptado ayer por el PE insta a la Comisión Europea a presentar una directiva ambiciosa sobre subcontratación e intermediarios laborales como parte de la prevista Ley de Empleos de Calidad. Los eurodiputados subrayan que la explotación laboral vulnera los derechos humanos y distorsiona la competencia leal entre las empresas.
El documento señala que las extensas cadenas de subcontratación pueden provocar una rendición de cuentas diluida, salarios más bajos, un deterioro de las condiciones de seguridad y una mayor inestabilidad laboral. El Parlamento pide, entre otras cosas, reforzar las relaciones laborales directas en sectores de alto riesgo, entre los que también se incluye el transporte.
El informe prevé entre otras cosas.
- la concesión de licencias a escala de la UE para los intermediarios laborales,
- la prohibición de cobrar comisiones a los trabajadores,
- la responsabilidad solidaria por salarios y cotizaciones a lo largo de toda la cadena de subcontratación.
También se reforzaría la cooperación entre la Autoridad Laboral Europea (ELA), Europol y los organismos nacionales.
Los datos citados en el debate muestran que en 2023 hubo 3.298 accidentes laborales mortales en la Unión Europea. Al mismo tiempo, Europol advirtió que el 86% de las redes criminales más peligrosas de la UE utilizan estructuras empresariales legales para llevar a cabo sus operaciones y blanquear dinero, siendo la logística y la construcción sectores especialmente expuestos.
El transporte por carretera, en el centro de la disputa
En los últimos meses, la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo ha analizado las largas y opacas cadenas de subcontratación en el sector del transporte por carretera. El informe subrayó que esta industria es especialmente vulnerable a las distorsiones generadas por la externalización en múltiples niveles.
Como señalan la UETR (la Asociación Europea de Transportistas por Carretera) y la ETF (la Federación Europea de Trabajadores del Transporte), el transporte por carretera se caracteriza por márgenes bajos, especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. A su juicio, la subcontratación en varios niveles acelera la caída de las tarifas de transporte, debilita la posición negociadora de las empresas más pequeñas y dificulta atraer a conductores cualificados en un contexto de escasez de mano de obra.
Ambas organizaciones instaron a los eurodiputados a apoyar el informe, señalando la necesidad de establecer un marco jurídico a nivel de la UE, introducir transparencia de precios y rendición de cuentas a lo largo de la cadena, y crear un sistema eficaz de sanciones. En su opinión, los abusos en la intermediación laboral y la subcontratación fomentan el dumping social y la elusión de las normas fiscales y de seguridad social.
DSLV: una amenaza para la competitividad y la libertad de mercado
La asociación alemana de transporte DSLV ve la iniciativa del Parlamento desde una perspectiva completamente distinta. La organización advirtió contra las restricciones legales a la externalización de servicios a socios especializados.
Frank Huster, CEO de DSLV, subraya que “el uso de subcontratistas es un elemento sistémico de la logística, pero a veces se estigmatiza deliberadamente”. En su opinión, vincular la subcontratación con la explotación no es algo evidente, y el transporte no debería tratarse como un sector que, por definición, presenta un alto riesgo de abusos.
DSLV señala que la logística está muy fragmentada en términos de funciones y competencias, y que organizar cadenas de suministro internacionales requiere cooperación con socios especializados en documentación, despacho de aduanas, almacenamiento, transbordo o transporte a través de distintos modos. En Europa, hay pocas empresas capaces de prestar todos estos servicios por sí solas.
Según la organización alemana, limitar la subcontratación supondría una grave injerencia en la libertad de prestación de servicios y en la competencia, y podría derivar en concentración del mercado, pérdida de puestos de trabajo y precios más altos de los servicios logísticos. DSLV también advierte de que introducir la responsabilidad solidaria exigiría un control total de las cadenas de suministro globales, lo que en la práctica es imposible y generaría importantes cargas administrativas.
La organización señala que la protección de los trabajadores ya está regulada por una amplia red de normativa nacional y de la UE, incluido el Paquete de Movilidad para el transporte por carretera. En su opinión, la clave es la aplicación efectiva del derecho vigente, no la creación de nuevas regulaciones.
¿Qué sigue para la iniciativa?
La resolución del Parlamento es de naturaleza política y no crea derecho de forma directa. Sin embargo, obliga a la Comisión Europea a posicionarse. Si acepta las demandas de los eurodiputados, deberá presentar un proyecto de acto jurídico en un plazo de doce meses. En caso contrario, tendrá que justificar su negativa con todo detalle.
Para el sector del transporte, este es un momento estratégico. Por un lado, los sindicatos y algunas organizaciones de transportistas ven la regulación como una oportunidad para frenar el dumping y reforzar la competencia leal. Por otro, parte del empresariado advierte contra una injerencia excesiva en los modelos operativos del sector.
