Los últimos datos del Observatorio de la Morosidad en el Transporte apuntan a que no se trata de un hecho aislado. En junio, el plazo medio de pago fue de 53 días, el mismo que en abril y siete días por debajo del límite legal de 60 días.
El informe atribuye este acortamiento, sobre todo, al régimen sancionador contra los retrasos en los pagos —vigente en España desde octubre de 2021— y al refuerzo de las inspecciones por parte de las autoridades de transporte, tanto estatales como autonómicas.
Récord en la media, pero la morosidad sigue siendo habitual
Que la media esté por debajo del límite legal no implica que el cumplimiento sea generalizado. En junio, el 44 % de los clientes superó el máximo de 60 días.
En la mayoría de los casos, el retraso fue moderado, con pagos efectuados entre los 60 y los 90 días. Lo más preocupante sigue siendo el grupo que liquida las facturas cuando ya han pasado más de cuatro meses. El porcentaje de empresas que pagó después de 120 días fue del 9 %.
La federación Fenadismer valora positivamente la evolución y pone el foco en el efecto de la vigilancia y la actuación inspectora de las administraciones de transporte.
Fenadismer vuelve a mostrar su satisfacción por la evolución favorable de los plazos de pago en los últimos años, lograda en gran medida gracias a la actividad inspectora de las administraciones de transporte, tanto a nivel estatal como autonómico. La federación insiste en que estos controles deben mantenerse para que el cumplimiento de la normativa contra la morosidad se generalice, señala la organización.
Una mejora que viene de lejos
El dato de junio encaja con una tendencia que ya se observaba en mediciones anteriores. En febrero de 2026, los transportistas esperaron de media 54 días para cobrar, lo que entonces fue el mejor resultado histórico del observatorio.
Si se amplía la perspectiva, el cambio es aún más claro: en 2021 el plazo medio era de 83 días. En 2025 bajó a 59 días, y los 53 días de junio suponen un nuevo avance.
Aun así, el descenso de la media no ha eliminado los incumplimientos. En febrero, alrededor del 43 % de los clientes rebasó el límite legal; en junio, el porcentaje fue del 44 %, prácticamente sin variación.
Se reduce la “lista negra” de sancionados
El cambio de comportamiento también se aprecia en el registro público de sanciones a pagadores incumplidores. En el segundo semestre de 2025, el listado del Ministerio de Transportes recogía 34 sanciones impuestas a 28 empresas. Las multas oscilaron entre 701 y 19.605 euros. En el primer semestre de 2025 se sancionó a 149 empresas. En 2024, los registros incluían cientos de compañías y cientos de sanciones.
Estas multas no reflejan directamente el importe de las facturas pendientes. Se imponen por incumplir la normativa sobre plazos de pago, tras procedimientos administrativos o judiciales.
El modelo español combina sanciones económicas con un registro público de empresas castigadas. La normativa, en vigor desde octubre de 2021, se aplica al transporte por carretera y permite multas de hasta seis mil euros. En caso de reincidencia, la sanción puede alcanzar los treinta mil euros.
