La evolución de los pagos vuelve a dibujar un escenario algo más estable, pero aún queda mucho camino por recorrer para que la puntualidad sea la norma y no la excepción.
Plazo medio: 58 días y continuidad en la mejora
Según el informe correspondiente a octubre, elaborado por Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, el plazo medio de pago a los transportistas se situó en 58 días, igualando la cifra registrada en agosto. Es el segundo mes del r. en el que se baja del umbral legal de 60 días, consolidando una tendencia positiva que comenzó a principios de 2025.
Este avance confirma que parte del sector ha corregido comportamientos que durante años lastraron la liquidez de miles de pequeñas y medianas empresas. No obstante, el estudio pone de manifiesto que el cumplimiento normativo dista mucho de ser generalizado.
La mitad del sector incumple, aunque con menor gravedad
A pesar del descenso global, el 50 proc. de las empresas cargadoras e intermediarias aún mantiene plazos superiores a los 60 días. La mayoría de estos incumplimientos (81 proc.) se consideran leves, al situarse entre 60 y 90 días.
Más preocupante es que el 3 proc. de las empresas continúa pagando a 120 días, una práctica claramente ilegal. Aunque esta proporción es muy inferior a la registrada en 2022 —cuando superaba el 20 proc.—, sigue siendo un recordatorio de que la morosidad extrema no ha desaparecido.
Transferencia, confirming y pagaré: los métodos de pago más utilizados
En cuanto a los medios de pago más habituales, el informe señala que:
- la transferencia representa el 60 proc. de los pagos,
- el confirming asciende al 35 proc.,
- el pagaré supone el 5 proc.,
- y el cheque se mantiene por debajo del 1 proc.
Estos datos muestran una clara consolidación de métodos más directos y trazables, aunque el peso del confirming sigue siendo significativo en un sector que lucha por proteger su liquidez.
Bruselas aprieta el paso: un reglamento europeo contra la morosidad
Mientras tanto, la Comisión Europea continúa trabajando para aprobar un futuro Reglamento europeo de lucha contra la morosidad. Su propósito es reforzar la protección de las pymes y mejorar la puntualidad de los pagos en todas las transacciones comerciales del mercado comunitario.
Durante el pasado verano, Bruselas lanzó una Euro-encuesta dirigida a empresas y asociaciones para conocer el impacto real de los retrasos en los pagos. Más de 3.000 participantes expusieron una realidad preocupante:
- el 73 proc. considera que la morosidad es un problema grave,
- al 40 proc. le obliga a frenar inversiones y limitar su crecimiento,
- el 39 proc. debe recurrir a financiación bancaria para sostener su tesorería,
- el 30 proc. reconoce que su supervivencia empresarial podría estar en peligro.
Estas conclusiones refuerzan la urgencia de una regulación más estricta y homogénea, capaz de proteger a un tejido empresarial que en gran medida depende del cumplimiento puntual de los pagos.
Un avance importante, pero insuficiente
La reducción de los plazos medios a 58 días es sin duda un dato positivo para los transportistas. Sin embargo, la persistencia de incumplimientos, incluso graves, confirma que la morosidad sigue siendo uno de los mayores lastres estructurales del sector.
El reto ahora es transformar esta tendencia en una realidad estable y generalizada. Y ahí, tanto la futura normativa europea como el compromiso de todos los actores de la cadena logística serán decisivos.
