La solicitud se hizo pública a pocos días de que la Comisión presente el viernes una propuesta de reforma del ETS. Según la agencia PAP, el documento está firmado por Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
Los firmantes sostienen que cualquier ajuste debería servir para reforzar la competitividad de la industria europea, aportar mayor previsibilidad a las empresas y contemplar las necesidades de seguridad energética de cada país.
El techo de derechos podría agotarse hacia 2039
El ETS funciona en la Unión Europea desde 2005 y cubre alrededor del 40 % de las emisiones de dióxido de carbono del bloque. Afecta a más de 11.000 operadores: productores de electricidad, instalaciones industriales intensivas en energía, aerolíneas y buques.
La lógica del sistema es sencilla: por cada tonelada de CO2 emitida, la empresa debe entregar un derecho. Actualmente, el 57 % de estos derechos se vende mediante subastas y el 43 % restante se asigna gratuitamente a la industria.
Uno de los puntos clave de la reforma es qué volumen de derechos quedará disponible a partir de 2030. Si se mantiene el ritmo actual de reducción del tope total, la reserva de derechos se iría reduciendo hasta agotarse por completo hacia 2039.
Por eso, la Comisión prevé ajustar la tasa anual de reducción para que sigan existiendo derechos durante la década de 2040. Además, se espera que el cambio derive en un escenario en el que las asignaciones gratuitas cubran el 78 % de las emisiones industriales.
Temor a la deslocalización de la producción
Los países que respaldan la declaración advierten de que las reglas vigentes —que parten de una descarbonización casi completa de la generación eléctrica y la industria hacia 2039— podrían acelerar el traslado de actividad productiva fuera de la Unión Europea.
De ahí su defensa de mantener los derechos gratuitos para la industria como instrumento frente a la llamada “fuga de carbono”: cuando la producción se desplaza a países no comunitarios donde el coste de la política climática es menor.
También reclaman que el ETS refleje mejor las diferencias entre Estados miembros, teniendo en cuenta factores como el mix energético nacional o el PIB per cápita. A su entender, esos mismos criterios deberían pesar en el reparto de la financiación destinada a la transición energética.
Precios del carbono más estables y foco en el transporte marítimo
Otra de las peticiones es reducir la volatilidad del precio de los derechos. Los firmantes consideran que el coste del carbono debería ser menos sensible a movimientos especulativos y situarse en niveles que no debiliten a las empresas europeas en los mercados globales.
En paralelo, plantean inquietudes específicas sobre el transporte marítimo. En su opinión, el ETS debería ajustarse para que el aumento de costes no provoque un desvío de operaciones de transbordo desde puertos de la Unión hacia puertos situados fuera del bloque.
Según argumentan, ese cambio no solo restaría tráfico a las terminales europeas, sino que además podría reducir la eficacia de las normas climáticas si los buques optan por redirigir rutas a través de puertos de terceros países.
Nuevo examen para el ETS2
Los firmantes piden, asimismo, reabrir el análisis del ETS2, concebido para incluir las emisiones de edificios y del transporte por carretera. Su entrada en vigor se ha aplazado al 1 de enero de 2028.
Según los autores, el actual entorno económico y geopolítico no justifica añadir nuevos costes a los hogares europeos. La cuestión también podría afectar al sector del transporte, porque incluir los combustibles de carretera en el comercio de emisiones se traduciría en mayores costes operativos para los vehículos.
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