El Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia publicó el Decreto Direttoriale prot. 305 del 18 de agosto de 2025, que establece una plataforma digital nacional para registrar todos los dispositivos de control de velocidad.
Una vez operativa, solo los radares incluidos en la base de datos tendrán validez legal. El sistema exigirá a las administraciones locales proporcionar información detallada sobre cada dispositivo: autoridad responsable, decreto de aprobación, tipo, marca, modelo, versión y número de serie.
Los datos deberán cargarse a través del Portale dell’Automobilista o Portale del Trasporto, utilizando credenciales oficiales emitidas por el ministerio. La gestión correrá a cargo del Centro de Procesamiento de Datos de la Dirección General de Motorización, que publicará la información en el sitio web oficial del MIT.
Más transparencia tras meses de polémica
La reforma surge tras la aprobación de la Ley 105/2025 y responde a meses de debate público y críticas sobre el uso abusivo de cámaras por parte de municipios, acusados de convertirlas en una mera fuente de ingresos.
El ministro Matteo Salvini había prometido a inicios de año “aportar mayor claridad al sistema”, y el nuevo decreto cumple ese compromiso. Las administraciones tendrán 60 días para registrar sus radares una vez que la plataforma entre en funcionamiento.
Todo dispositivo no listado perderá automáticamente su validez para sancionar infracciones del Código de Carreteras.
Lo que no resuelve la reforma
Aunque la medida refuerza la transparencia, no aborda todavía el problema de la homologación y calibración. Varios fallos judiciales recientes cuestionaron la validez de multas emitidas con equipos sin certificación adecuada. Expertos del sector esperan que próximamente se emitan nuevos decretos que establezcan estándares técnicos más claros y controles de verificación periódicos.
Impacto en conductores y empresas de transporte
Para los conductores, el cambio significa certeza sobre el estatus legal de los radares y la posibilidad de comprobar si las multas proceden de equipos autorizados.
Para las empresas de transporte, la reforma podría reducir disputas costosas por sanciones, un asunto de gran importancia financiera. En muchos casos, los empleadores son quienes deben cubrir las multas o asumir el impacto de los puntos acumulados en las licencias de sus conductores.
Entrada en vigor
El decreto se hizo efectivo el 18 de agosto de 2025, fecha de su publicación en la web ministerial. Sin embargo, la plataforma digital solo será operativa cuando el Director General de Motorización emita una resolución adicional.
A partir de entonces, comenzará a correr el plazo de 60 días para que las administraciones locales registren sus dispositivos. Pasado ese periodo, ninguna cámara fuera del registro tendrá validez para imponer sanciones.
