La decisión fue adoptada por la prefecta de la región Centre-Val de Loire, alegando infracciones graves y reiteradas de la normativa. Los principales problemas detectados fueron el incumplimiento de las normas sobre tiempos de trabajo de los conductores y operaciones de cabotaje ilegales que, según las autoridades francesas, socavan tanto la seguridad como la competencia leal en el mercado.
Prohibición de cabotaje de un año por infracciones reiteradas
Según informó la prefectura, las sanciones entraron en vigor el 1 de abril de 2026 y suponen la prohibición total de realizar operaciones de cabotaje en Francia durante un periodo de un año.
Debido a la gravedad y al carácter reiterado de las infracciones cometidas en Francia, la prefecta de la región Centre-Val de Loire impuso sanciones a tres empresas de transporte por carretera de Polonia, Lituania y Rumanía”, señala el comunicado.
Según las conclusiones, “las infracciones se referían principalmente a la normativa sobre tiempos de conducción y descanso, así como a operaciones de cabotaje irregulares”.
Este es otro ejemplo de la política coherente de las autoridades francesas hacia los transportistas extranjeros. De las 15 prohibiciones de cabotaje actualmente en vigor en el país, hasta 6 se dictaron en la región Centre-Val de Loire, lo que, como subraya la prefectura, “demuestra un firme compromiso con la lucha contra las infracciones”.
Seguridad y competencia, bajo la lupa
Las autoridades francesas no dejan lugar a dudas sobre los motivos de una actuación tan contundente. El comunicado destaca que las infracciones tienen consecuencias reales tanto para el mercado como para la seguridad.
El incumplimiento de las normas sobre tiempos de conducción y descanso pone en peligro la seguridad de los usuarios de la vía”, señala la prefectura.
Al mismo tiempo, se pone el foco en el impacto del cabotaje ilegal en el mercado del transporte: “Las prácticas de cabotaje ilegal generan un desequilibrio económico entre empresas, lo que alimenta la competencia desleal”.
A juicio de las autoridades, estas actuaciones también conducen al dumping social y al deterioro de las condiciones laborales de los conductores, lo que a largo plazo debilita a todo el sector.
El cabotaje, bajo estricto control
Francia recuerda que el cabotaje —es decir, el transporte nacional realizado por un transportista de otro Estado miembro de la Unión Europea— está sujeto a una normativa estricta.
Su objetivo es evitar la desestabilización del mercado por parte de empresas que se benefician de menores costes laborales, lo que podría perjudicar a los transportistas locales.
Para evitar la competencia desleal, esta práctica está estrictamente regulada”, señala el comunicado.
La presión de costes agrava el problema
El refuerzo de los controles y las sanciones llega en un momento especialmente difícil para el sector. Las autoridades francesas señalan que la volatilidad del precio del combustible está aumentando aún más la presión sobre las empresas de transporte.
El cumplimiento de las normas de competencia es hoy aún más importante para apoyar al sector, ya que los transportistas se enfrentan a una volatilidad persistente del precio del combustible”, se subraya.
En un contexto en el que los costes energéticos reducen significativamente los márgenes de las empresas, cualquier forma de competencia desleal, incluido el cabotaje ilegal, agrava aún más la situación del mercado.
Continúa la línea dura
Las decisiones actuales encajan en una tendencia más amplia visible desde hace muchos meses. Anteriormente, las autoridades francesas ya habían expulsado del mercado a transportistas de Europa Central y del Este por incumplimientos sistemáticos de la normativa.
A finales de 2025, tres empresas de Lituania, Rumanía y Eslovaquia fueron excluidas del mercado francés tras una serie de inspecciones intensivas. En uno de los casos, los inspectores documentaron hasta 35 infracciones en menos de un año, entre ellas operaciones de cabotaje ilegales, el incumplimiento del periodo obligatorio de descanso entre trayectos, así como numerosas vulneraciones de la normativa social, incluidos tiempos de conducción y descanso incorrectos y manipulaciones del tacógrafo. También se detectaron deficiencias en la documentación requerida y fallos técnicos en los vehículos. A juicio de la prefectura, el carácter sistemático y reiterado de las infracciones justificaba plenamente la imposición de prohibiciones de cabotaje de un año.
La reiteración de las infracciones y su magnitud conducen cada vez más a la medida administrativa más severa: una prohibición de cabotaje de un año en todo el territorio de Francia.
