El 10 de septiembre de 2025, la policía financiera italiana (Guardia di Finanza) anunció la operación Epicentro, que condujo a la incautación preventiva de activos y recursos financieros pertenecientes a diez empresas y nueve individuos.
La investigación, que abarca los años 2018-2023, se realiza bajo la supervisión de la fiscalía de Turín y afecta a dos grupos empresariales que operan principalmente en el sector logístico: Postalcoop y Cargo Broker (esta última en liquidación desde 2024).
Según los hallazgos, las empresas habrían creado un sistema basado en el suministro ilegal de trabajadores mediante contratos de servicios ficticios, con el objetivo de reducir costes laborales y evadir impuestos y contribuciones a la seguridad social.
El mecanismo del fraude: de “reservorios” a clientes
Los investigadores reconstruyeron un esquema de tres niveles:
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Compañías de “reservorio”: empresas pantalla que formalmente empleaban trabajadores pero no pagaban impuestos ni contribuciones.
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Compañías de “filtración”: entidades que refacturaban costos y protegían las relaciones comerciales reales.
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Empresas cliente: grandes operadores logísticos activos en Piamonte, Lombardía, Véneto, Liguria, Lacio y Emilia-Romaña.
Este sistema permitía a los clientes acceder a mano de obra barata sin asumir costes reales de impuestos y contribuciones. La Guardia di Finanza estima que más de 2.000 trabajadores al año estuvieron implicados, principalmente en almacenamiento y distribución.
Trabajadores “en papel”
Aunque formalmente eran empleados por empresas intermediarias, el control real sobre la mano de obra permanecía en manos de los clientes. Ellos determinaban horarios, número de trabajadores, proporcionaban dispositivos y materiales de distribución e incluso ejercían control disciplinario.
Como resultado, el sistema enmascaraba formas ilegales de empleo y generaba pérdidas significativas para el presupuesto estatal, al tiempo que reducía los costos operativos de grandes operadores logísticos.
Facturas falsas y confiscaciones
El análisis de documentación electrónica y en papel reveló transacciones inexistentes por valor de más de 100 millones de euros. Las facturas emitidas documentaban servicios que no correspondían a relaciones laborales ni a entregas reales.
En consecuencia, el tribunal de Turín ordenó:
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La confiscación de activos por valor de 26,5 millones de euros.
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La incautación de efectivo, bienes inmuebles y activos muebles de los sospechosos.
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La supervisión judicial de una de las principales compañías de “filtración”, que emplea a más de 500 personas.
El objetivo es prevenir un impacto mayor de los delitos y garantizar la continuidad operativa, especialmente en un sector crucial para la región.
Rhenus Logistics bajo acusación y 43 millones de euros incautados
Solo dos meses antes, en julio de 2025, la fiscalía de Milán y la Guardia di Finanza actuaron contra otro gigante del TSL: Rhenus Logistics.
Los investigadores alegan que la compañía utilizó un sistema de contratos ficticios y empresas pantalla para ocultar relaciones laborales reales y evadir impuestos.
A petición de la fiscalía, se aseguraron activos por valor de más de 43 millones de euros. Los empleados estaban formalmente contratados por empresas externas, pero realizaban tareas bajo el control directo de los clientes.
La documentación también menciona a empresas del grupo IKEA como receptores de servicios, aunque los investigadores destacan que la corporación no está implicada en el procedimiento.
Este caso se suma a otros de alto perfil: en julio de 2024, la Guardia di Finanza incautó 83,9 millones de euros en la filial de GXO en Lodi, donde se emplearon esquemas similares.
La logística bajo escrutinio
La serie de investigaciones – desde GXO hasta Rhenus, Postalcoop y Cargo Broker – demuestra que la logística en Italia sigue siendo uno de los sectores más expuestos a la evasión fiscal y prácticas laborales ilegales.
Los investigadores advierten que el problema no afecta solo a las empresas pantalla, sino también a operadores logísticos globales que utilizan esquemas deshonestos para reducir costes.
Actualmente, todos los procedimientos se encuentran en fase preliminar y se aplica la presunción de inocencia. Sin embargo, las consecuencias para el mercado podrían ser significativas, desde daños reputacionales hasta interrupciones potenciales en las cadenas de suministro.
