Los transportistas por carretera italianos continúan sin recibir compensación por los tiempos de espera excesivos en los centros logísticos, a pesar de una normativa que se suponía iba a equilibrar el poder en la cadena de suministro.
Una nueva encuesta publicada esta semana por la asociación nacional de transporte ASSOTIR indica que, seis meses después de la introducción de la norma italiana de 100 € por hora de espera, la mayoría de las empresas de transporte todavía no ha percibido ningún beneficio financiero real.
Los datos son contundentes. Solo el 28% de las empresas medianas asegura haber logrado cobrar la indemnización cuando los camiones superan el umbral legal de espera. Entre las microempresas —aquellas con entre uno y cinco vehículos, que constituyen la columna vertebral del transporte de mercancías por carretera en Italia— apenas el 5% logra percibirla. En la práctica, más del 70% de las compañías con derecho a compensación no la recibe.
Estos resultados evidencian una creciente brecha entre la ambición de la ley y la realidad del mercado.
Una reforma que parecía revolucionaria
Cuando Italia adoptó el verano pasado la Ley 105/2025 dentro del Decreto Infrastrutture, la medida fue considerada una de las intervenciones más contundentes en la política europea de transporte de mercancías por carretera de los últimos años.
La ley estableció un periodo de gracia de 90 minutos para la carga y descarga. A partir de entonces, los clientes deben pagar 100 € por cada hora adicional o fracción de hora en que un camión deba esperar. La responsabilidad es solidaria: tanto el cliente como la parte cargadora son responsables. La norma es expresamente inderogable.
En noviembre, el Ministerio de Infraestructuras y Transporte emitió una circular formal confirmando este punto: el pago de 100 € es obligatorio y no puede ser excluido, reducido ni negociado.
Resistencia sobre el terreno
Sin embargo, la resistencia surgió casi de inmediato.
A finales de 2025, FIAP, la federación nacional italiana que representa a las empresas profesionales de transporte por carretera, advirtió que algunos clientes reaccionaban a la nueva normativa no cumpliéndola, sino ejerciendo presión sobre los transportistas. Según la federación, los transportistas que facturaban la tasa de 100 € fueron en algunos casos amenazados con la pérdida de futuros contratos, y a otros se les solicitó firmar renuncias contrarias al artículo 6-bis del Decreto Legislativo 286/2005.
FIAP calificó estas cláusulas como nulas de pleno derecho y potencialmente constitutivas de abuso de dependencia económica. La federación notificó formalmente a la autoridad italiana de competencia y creó un observatorio para recopilar pruebas de prácticas irregulares en los puntos de carga y descarga.
Por qué el dinero no fluye
Los últimos datos de ASSOTIR sugieren que el problema principal no reside en la redacción de la norma, sino en su mecanismo de aplicación.
La compensación no es automática: debe ser reclamada por el transportista al cliente responsable del retraso.
Para los pequeños operadores, que dependen de un número limitado de contratos, exigir el pago puede implicar riesgos más comerciales que legales. Un derecho reconocido por la ley puede resultar difícil de hacer valer cuando existe desequilibrio de poder en la relación contractual.
En consecuencia, las microempresas están doblemente expuestas. Son las más vulnerables a los tiempos de espera prolongados, donde incluso unas pocas horas pueden afectar entregas posteriores y erosionar márgenes, y, al mismo tiempo, son las menos propensas a reclamar la indemnización.
Portugal y España ya aplican normas sobre tiempos de espera
La regulación italiana se inspira en medidas ya implementadas en Portugal y España en los últimos años.
El Decreto 57/2021 de Portugal, vigente desde septiembre de 2021, prohíbe a los conductores de vehículos pesados realizar tareas de carga y descarga, establece un tiempo máximo de espera de dos horas y permite a los transportistas reclamar compensación por retrasos. La compensación se calcula según el peso del vehículo y el tipo de transporte, y oscila entre 12 € y 40 € por hora. Para retrasos superiores a 10 horas, se añade un 25% adicional por cada hora extra. Además, las zonas de espera deben estar equipadas con aseos y salas de espera.
En España, una normativa similar entró en vigor en septiembre de 2022. La legislación prohíbe que conductores de vehículos de más de 7,5 toneladas realicen operaciones de carga y descarga y establece una compensación obligatoria por retrasos superiores a una hora en centros de distribución. Antes del cambio, el umbral era de dos horas.
La normativa española también incluye la revisión de precios contractuales conforme a las fluctuaciones del coste del combustible y exige el cumplimiento del Paquete de Movilidad de la UE, incluidas las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el cabotaje.
