Según la propuesta, cualquier intento de imponer tales obligaciones mediante contratos de trabajo, contratos de transporte, instrucciones internas o solicitudes de clientes o intermediarios sería ilegal, salvo en determinados tipos de transporte especializado.
El proyecto de ley establece que la carga y descarga de las mercancías transportadas debe ser realizada por el beneficiario del transporte, el proveedor/cargador o los intermediarios, según corresponda, y de conformidad con las normas de salud y seguridad en el trabajo.
La prohibición no se aplicaría al transporte especializado en el que la carga/descarga se considere inherente al servicio. El texto enumera explícitamente ejemplos, entre ellos el transporte de materiales a granel, el transporte de combustible, los portavehículos y el transporte de animales vivos.
Cualquier cláusula contractual o disposición interna que obligue a los conductores a cargar o descargar mercancías fuera de las excepciones permitidas sería nula de pleno derecho según el borrador.
Multas y aplicación
Los incumplimientos se tratarían como una infracción administrativa, sancionable con una multa de 10.000 a 30.000 lei (aprox. 1.962–5.886 €), que se aplicaría a la parte responsable (que puede incluir al transportista, al cliente/beneficiario del transporte, al cargador/proveedor o a intermediarios, según el caso).
La aplicación correspondería a la Inspección de Trabajo de Rumanía (Inspecția Muncii), que tendría potestad para solicitar documentos y realizar controles tanto en las instalaciones de la empresa como en los lugares de carga/descarga.
¿Cuándo podría entrar en vigor?
Si se convierte en ley, entraría en vigor 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial). El ministerio de trabajo dispondría entonces de 90 días para emitir las normas de aplicación.
El documento señala que el proyecto se considera aprobado por el Senado en su forma inicial en virtud del artículo 75(2) de la Constitución de Rumanía (un procedimiento que se utiliza cuando se alcanza el plazo límite para la decisión del Senado).
Multas elevadas por obligar a los conductores de camiones pesados a cargar en España y Portugal
Portugal ya ha dado pasos para restringir la participación de los conductores en la carga y descarga. Un decreto-ley aprobado en julio de 2021 y en vigor desde mediados de septiembre de 2021 atribuyó la responsabilidad principal de la carga y descarga al cargador/expedidor o destinatario/consignatario, que debe utilizar personal formado. Cuando estas operaciones sean responsabilidad del transportista, el trabajo debe ser realizado por un trabajador cualificado distinto del conductor.
El mismo marco limita el tiempo máximo de espera para la carga o descarga a dos horas (contadas desde la hora de cita acordada o desde el registro del vehículo en el sistema del cargador/destinatario cuando no exista cita, con excepciones específicas) y prevé una compensación por los retrasos, a cargo de la parte responsable.
Los conductores aún pueden participar en un conjunto limitado de casos, incluidas determinadas operaciones de distribución (con condiciones), mudanzas y transporte puerta a puerta y —dependiendo de la formación y el equipamiento— en categorías específicas como combustible, materiales a granel y portavehículos, así como ADR. Las multas por incumplimiento pueden llegar a 15.000 €, según informes del sector.
España también ha implantado una prohibición de la participación de los conductores de camión en actividades de carga y descarga activities, effective 2 de septiembre de 2022.
Las normas implican que, en la inmensa mayoría de los casos, los conductores de vehículos de más de 7,5 toneladas no pueden realizar operaciones de carga o descarga. Sí se aplican algunas excepciones en situaciones específicas, como en el transporte de ganado, mudanzas, cuando los paquetes son muy pequeños, se están descargando cisternas o se utiliza una camión volquete.
Además de la prohibición de carga, el reglamento también establece que el transportista debe recibir una compensación por parte del cargador tras esperar una hora para ser cargado o descargado (hasta ahora, a los transportistas se les compensaba tras esperar 2 horas). Las empresas que incumplan las normas esperando que los conductores carguen o descarguen pueden ser multadas con hasta 4.600 €.
Francia también ha explorado la idea. En 2023, OTRE pidió al gobierno que hiciera obligatorias las normas de carga/descarga y que trasladara la responsabilidad a expedidores/consignatarios en muchos casos, junto con normas más estrictas sobre tiempos de espera y compensación; el ministerio de transportes inició estudios, pero el proceso se quedó sin llegar a producir normas nacionales vinculantes.
