La ley rumana (n.º 100/2026) busca delimitar con claridad qué forma parte del servicio de transporte y qué corresponde a la manipulación de la mercancía en las instalaciones del cargador o del destinatario. En la práctica, el objetivo es evitar que el trabajo físico de mover la carga recaiga de forma sistemática sobre el conductor.
Prohibido presionar al conductor para manipular la mercancía
Con la nueva regulación, cargadores, destinatarios, intermediarios y sus representantes ya no podrán exigir que el conductor realice la carga o la descarga.
Juristas rumanos subrayan además que el concepto de “obligar” debe interpretarse de forma amplia. No se limita a una orden directa: también incluye situaciones de presión, como condicionar la entrega o la recepción de la mercancía a que el conductor descargue, negarse a firmar la documentación del transporte, amenazar con penalizaciones contractuales o presentar la descarga en instrucciones operativas como una responsabilidad del conductor.
Cuándo no se aplica la prohibición
La ley prevé un número reducido de excepciones.
Los empleados de empresas de transporte podrán realizar únicamente la descarga, y solo si se cumplen estas condiciones:
- se trata de un transporte especializado;
- por la naturaleza del servicio es necesaria la descarga;
- el contrato de trabajo (o un anexo) autoriza expresamente esa descarga.
Para los conductores autónomos, el enfoque es distinto: podrán optar por encargarse tanto de la carga como de la descarga, pero solo con consentimiento por escrito y siempre que se respeten los requisitos de seguridad y salud laboral.
Cláusulas contractuales que quedan sin efecto
La normativa también apunta a otra práctica frecuente: introducir en contratos de transporte u órdenes de carga obligaciones de cargar o descargar a cargo del conductor.
Según el texto legal, cualquier cláusula que imponga estas tareas a los conductores del transportista fuera de los supuestos permitidos quedará nula de pleno derecho.
Tal y como señalan los autores de un análisis publicado en el portal jurídico JURIDICE.ro, esto implica que no hace falta acudir a los tribunales para impugnar esas condiciones: la norma elimina automáticamente sus efectos.
Multas de hasta veinte mil lei
Los incumplimientos se sancionarán por la vía administrativa.
Las multas, de cinco mil a veinte mil lei (aproximadamente entre 4,1 y 16,5 mil euros), se aplicarán a cargadores, destinatarios o intermediarios que obliguen a los conductores a cargar o descargar.
Los transportistas, por su parte, se enfrentan a multas de diez mil a veinte mil lei (alrededor de 8,2–16,5 mil euros) si los contratos que firman imponen la carga o la descarga a sus conductores de un modo que vulnera la ley.
La vigilancia y la aplicación de estas sanciones corresponderá a la Inspección de Trabajo de Rumanía y al ISCTR, la autoridad nacional de inspección del transporte por carretera.
Una línea que ya siguieron Portugal y España
Rumanía no es el primer país en regular este asunto.
Portugal cuenta con reglas similares desde 2021. Por norma general, la carga y la descarga son responsabilidad del cargador o del destinatario, que deben utilizar personal debidamente formado. La participación del conductor queda limitada a supuestos muy concretos, como mudanzas, determinadas operaciones de distribución y algunos transportes especializados. La regulación portuguesa también fija un máximo de dos horas de espera para cargar o descargar, y las sanciones pueden alcanzar los 15.000 euros.
En España, la prohibición de que el conductor participe en la carga y la descarga está vigente desde septiembre de 2022. En términos generales, se aplica al transporte realizado con vehículos de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada (MMA). En una primera infracción, las empresas pueden ser sancionadas con entre 4.001 y 6.000 euros; si se reincide en los 12 meses siguientes, la multa puede subir hasta 18.000 euros. Entre las excepciones figuran, entre otras, el transporte de animales vivos, las mudanzas, ciertos envíos de mensajería y los transportes realizados con cisternas y vehículos basculantes.
Con esta medida, Rumanía refuerza una tendencia que gana peso en Europa: separar la tarea de conducir del trabajo de almacén y trasladar la responsabilidad de la manipulación de la carga a quienes organizan la carga y la descarga, en un contexto de normativa cada vez más exigente para el sector.
