La medida ha sido bien recibida por el sector del transporte por carretera, que reclamaba desde hace años una referencia objetiva para evitar interpretaciones dispares durante las inspecciones.
Fin a la incertidumbre en los controles
Hasta ahora, la normativa española establecía una profundidad mínima de 1,6 milímetros para los vehículos ligeros, pero no contemplaba un límite específico para los camiones. Esta ausencia de un criterio claro dejaba margen a interpretaciones por parte de los agentes de control y podía generar discrepancias durante las inspecciones en carretera.
Con la nueva regulación, transportistas y empresas disponen de un parámetro definido para gestionar el mantenimiento de sus flotas y acreditar el cumplimiento de la normativa.
El sector respalda la nueva regulación
La acogida de la medida ha sido mayoritariamente positiva. Según un estudio elaborado por Fenadismer en colaboración con Continental, el 57 % de los transportistas ya se mostraba favorable a establecer un límite legal de desgaste antes de su aprobación.
Además, el 83 % de los profesionales considera que el estado de los neumáticos, y en particular la profundidad del dibujo, es un factor determinante para la seguridad en el transporte de mercancías por carretera.
Más seguridad jurídica para las empresas
La introducción de un límite objetivo aporta mayor previsibilidad a la gestión de las flotas. Las empresas pueden planificar con más precisión la sustitución de los neumáticos y reducir el riesgo de discrepancias durante los controles técnicos o las inspecciones en carretera.
La medida también contribuye a unificar los criterios de evaluación, ofreciendo tanto a transportistas como a inspectores una referencia común sobre el estado mínimo exigible de los neumáticos.
Alineación con otros países europeos
Con este cambio normativo, España adapta su regulación a la práctica ya existente en otros países europeos, donde los vehículos pesados cuentan desde hace años con límites específicos de desgaste.
Para el sector del transporte de mercancías, la modificación supone un avance en términos de seguridad jurídica y mantenimiento preventivo, al sustituir las valoraciones subjetivas por un criterio técnico claramente definido.
