La Directiva Euroviñeta, enmendada en 2022, obliga a los Estados Miembros con sistemas de peaje a diferenciar las tarifas según las emisiones de CO₂ de los vehículos. Sin embargo, los camiones de cero emisiones siguen siendo mucho más caros que sus equivalentes diésel, lo que ralentiza su adopción.
Para facilitar la transición, la Comisión Europea ha propuesto extender las actuales exenciones de peajes y tasas de usuario hasta el 30 de junio de 2031. El nuevo plazo coincide con los objetivos de eficiencia de CO₂ de la UE para vehículos pesados, que exigen una reducción del 43 % de emisiones para 2030.
El CESE respalda la medida, pero advierte de limitaciones
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha acogido la propuesta como necesaria y oportuna, aunque advierte que las exenciones por sí solas no bastarán para transformar el mercado.
En su dictamen, el CESE señala varios problemas pendientes:
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la lenta implementación de puntos de recarga y repostaje en la red TEN-T,
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el riesgo de que los pequeños y medianos operadores se queden atrás,
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y el peligro de que los transportistas paguen dos veces por las mismas emisiones bajo cargos superpuestos de CO₂ y costes externos.
El Comité reclama además que los ingresos de los peajes se reinviertan directamente en la descarbonización, en lugar de integrarse en los presupuestos generales. Para garantizar que la política se mantenga en el buen camino, propone una revisión intermedia en diciembre de 2028.
IRU: señal positiva, pero insuficiente
La Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) también ha celebrado la propuesta, calificándola como un mensaje fuerte para el sector. Sin embargo, advierte que los transportistas aún no perciben beneficios consistentes, ya que los Estados Miembros no están obligados a aplicar la exención, y solo unos pocos lo hacen en la práctica.
“Los camiones de cero emisiones siguen siendo de dos a tres veces más caros que los diésel. Las medidas voluntarias por sí solas son insuficientes para impulsar la adopción masiva”, destacó Raluca Marian, directora de IRU en la UE.
Por ello, la organización pide:
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la afectación obligatoria de los ingresos de peajes de CO₂ a la descarbonización,
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la prohibición de la doble imposición con la entrada en vigor del ETS 2,
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la inclusión de combustibles neutros en carbono en el sistema de beneficios,
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y un marco administrativo simplificado con reconocimiento de clases de emisiones a nivel europeo.
Próximos pasos en Bruselas
La propuesta ya cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo. Ahora la atención se centra en el Consejo de la Unión Europea, que debería aprobarla antes de finales de 2025 para evitar un vacío normativo.
Para los transportistas, la extensión supone mayor previsibilidad en los costes y un horizonte de planificación más amplio. Sin embargo, tanto el CESE como la IRU coinciden en que las exenciones, por sí solas, no bastarán para lograr la escala de adopción necesaria y cumplir los objetivos climáticos de la UE para 2030.
