A partir de su experiencia en casos relacionados con conductores de camiones procedentes del extranjero, la fiscal describe un entorno laboral en algunas empresas donde el trabajador queda relegado a un papel secundario dentro de la organización productiva. La advertencia se produce en un momento en que el sector sigue creciendo y aumentando su dependencia de mano de obra migrante.
Explotación como fenómeno sistémico
Según Ignatavičiūtė, en los últimos años la metodología de las investigaciones ha mejorado notablemente. Las autoridades comprenden mejor el funcionamiento del transporte y la logística, incluidos los registros de tiempo de trabajo, los flujos financieros y los datos de tacógrafos. Sin embargo, subraya que el problema persiste.
En su opinión, Lituania se enfrenta a un fenómeno de explotación sistémica en el sector logístico, donde muchas empresas operan bajo esquemas similares. Actualmente, más de seis compañías están bajo investigación en el país, aunque el alcance real podría ser mayor debido a procedimientos en otras regiones.
“El inmigrante es un número”
La fiscal destaca que los conductores que llegan principalmente de Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán esperan estándares europeos y un funcionamiento institucional eficaz, pero la realidad suele ser distinta.
Ignatavičiūtė critica lo que denomina un “circo de papel”, en el que la documentación presentada ante las instituciones cumple formalmente los requisitos, pero no refleja la situación real. En algunos casos, los trabajadores no tienen acceso a sus propios documentos y la información relevante puede quedar oculta para los investigadores.
Investigaciones largas y complejas
Las causas relacionadas con el sector son extensas y técnicamente complejas. Para determinar si los salarios se calcularon correctamente o si hubo infracciones en los tiempos de conducción y descanso, es necesario analizar documentación contable, testimonios y datos telemáticos.
Incluso tras llegar a los tribunales, los procesos pueden prolongarse debido a la necesidad de intérpretes, la complejidad de los esquemas financieros y la carga de trabajo judicial. Con el paso del tiempo, algunos afectados pierden motivación y confianza en la justicia.
Un mensaje directo al sector
Ignatavičiūtė insiste en que el objetivo de las investigaciones no es perjudicar a las empresas, sino prevenir violaciones sistemáticas y forzar cambios en los modelos de negocio. A su juicio, el simple inicio de un procedimiento ya tiene un efecto disuasorio en un sector estrechamente interconectado.
Crecimiento del sector y dudas estructurales
Los datos oficiales muestran que el número de conductores de camiones en Lituania aumentó en más de cuatro mil en un año, hasta alcanzar los 91,6 mil. La fiscal cuestiona si los argumentos sobre la escasez de personal no ocultan en realidad modelos basados en mano de obra barata.
Considera necesario analizar indicadores reales, como periodos sin cobertura social o registros de tiempo de trabajo, para evaluar si la necesidad de nuevos conductores es genuina o si el problema radica en la organización del trabajo.
Cambian las formas de abuso
Un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo del Parlamento lituano de agosto de 2025 señala que se iniciaron 22 investigaciones por trata de personas, incluidas 10 por trabajo forzoso, principalmente en el transporte.
Aunque los trabajadores de terceros países entraron legalmente en el país, se encontraron con impagos salariales, exceso de horas y condiciones laborales y de vida inadecuadas. Las autoridades observan además un cambio en los métodos de presión: en lugar de confiscar documentos, se recurre cada vez más a la coerción económica, con multas ilegales o deudas artificiales.
Las inspecciones realizadas en 2025 también detectaron incumplimientos de las normas del Paquete de Movilidad, especialmente en lo relativo al derecho de los conductores a regresar a su lugar de residencia para el descanso.
El informe concluye que el número real de víctimas podría ser mayor, ya que muchos conductores extranjeros evitan contactar con las autoridades por miedo a perder su permiso de residencia.
