La primera fase operativa comenzó en Friuli-Venecia Julia, donde la Subsección de Palmanova recibió cinco dispositivos de diagnóstico de última generación, gracias a una colaboración con Autostrade Alto Adriatico. Las inspecciones se realizan a lo largo de la autopista A4 Venecia–Trieste, uno de los principales corredores de tránsito de carga Este-Oeste, frecuentado por un gran número de camiones, incluidos extranjeros.
Los nuevos instrumentos portátiles se conectan directamente al puerto OBD (Diagnóstico a Bordo) del vehículo y leen en tiempo real los parámetros de la unidad de control electrónico del motor. Esto permite a los oficiales verificar si el filtro de partículas funciona correctamente, controlar los niveles de emisiones, la presencia de AdBlue en el tanque, la funcionalidad del dosificador y la correcta ejecución de los ciclos de regeneración automática.
Si los datos recopilados son anormales o inconsistentes, el software señala una probable manipulación mecánica o electrónica. En particular, detecta la ausencia de ciclos de regeneración en DPF desactivados, presión diferencial incoherente o la presencia de emuladores, unidades de control que simulan falsamente el funcionamiento de los sistemas de reducción de emisiones.
Manipulación generalizada y motivaciones económicas
La alteración de sistemas antipolución se ha extendido entre los automovilistas y, sobre todo, entre las empresas de transporte. Las razones son principalmente económicas: mantener un DPF puede costar entre 100 y 500 euros por limpieza, mientras que una regeneración completa puede superar los 500 euros. En caso de fallo, reemplazar el filtro puede llegar a costar hasta 5.000 euros. A esto se suman los costes del AdBlue (hasta 300 euros al año) y las posibles reparaciones de bombas, inyectores y sensores.
Algunos recurren a soluciones ilegales: eliminación física del DPF, modificaciones de software de la unidad de control e instalación de emuladores de AdBlue, que falsifican las señales de los sensores para hacer creer que el sistema funciona correctamente sin el aditivo.
Fuertes sanciones por manipulación de vehículos
Las consecuencias legales son graves. El artículo 78 del Código de Carreteras prevé multas de entre 422 y 1.697 euros, el retiro del certificado de matriculación y, en los casos más graves, la detención administrativa del vehículo durante tres meses. Para camiones con autorización CEMT, el uso de emuladores se considera una infracción grave: un vehículo Euro VI manipulado se considera fuera de categoría y puede enfrentar sanciones de hasta 4.130 euros.
En algunos casos, la manipulación constituye un delito ambiental, con posibles cargos criminales, riesgo de prisión de hasta 6 años y multas de hasta 100.000 euros. Además, cualquier modificación invalida la garantía del fabricante.
Un mensaje claro a la industria: tolerancia cero
Con el inicio de estas inspecciones tecnológicas, la Patrulla de Carreteras envía un mensaje firme al sector del transporte: la lucha contra emisiones manipuladas ya no se dejará al azar. Las empresas responsables, que invierten en mantenimiento y cumplen con la normativa, pueden finalmente contar con herramientas de control que desalientan la competencia desleal y protegen el medio ambiente.
