De acuerdo con esas informaciones, Defensa sostiene que el diseño de la transacción no garantiza suficientemente la protección de los intereses marítimos estratégicos del país. El foco está en el papel que desempeñaría en el futuro “New ZIM”, la compañía bajo control israelí que quedaría tras la adquisición por parte de Hapag-Lloyd de las operaciones internacionales de ZIM.
El acuerdo, anunciado en febrero, contempla que Hapag-Lloyd pague 35 dólares por acción en efectivo, lo que situaría la valoración de la operación en torno a 4.200 millones de dólares. Para acomodar la participación especial del Estado israelí (la llamada “acción de oro”), una parte del negocio se separaría en New ZIM, que pasaría a estar en manos del fondo israelí de capital riesgo FIMI. En su momento, Hapag-Lloyd indicó que esa acción especial se transferiría a la nueva naviera israelí.
Aun así, responsables de seguridad en Israel temen que New ZIM quede con un tamaño y un alcance demasiado limitados como para asegurar el abastecimiento marítimo del país en un escenario de crisis. En Defensa preocupa, en particular, que la compañía termine centrando su actividad en el Mediterráneo y reduzca conexiones con Estados Unidos y con el Lejano Oriente, rutas consideradas clave para la entrada de material militar y otros bienes críticos.
Además, la operación está bajo lupa política por la composición del accionariado de Hapag-Lloyd, donde figuran inversores de Catar y Arabia Saudí. Según esas informaciones, en Israel existe el temor de que, en un conflicto futuro, el acceso a rutas marítimas relevantes pueda quedar expuesto a presiones políticas.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, habría señalado en una reunión del Gobierno que la venta de ZIM no forma parte actualmente de la agenda del Ejecutivo. Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, volvió a aludir a la “acción de oro”, que otorga al Estado capacidad de intervención cuando está en juego la seguridad nacional.
Por ahora, ZIM no da por descartada la transacción. En una actualización publicada el 6 de julio, la compañía afirmó que sigue actuando conforme al acuerdo de fusión y que está colaborando con las autoridades competentes durante la revisión regulatoria.
